La Industria Cripto Urge a la Administración Trump a Ofrecer Claridad Regulatoria Inmediata

El pasado 20 de noviembre de 2025, una coalición robusta, compuesta por más de 65 organizaciones que representan al sector de los criptoactivos y a diversos grupos de defensa, elevó un llamamiento conjunto al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El núcleo de su misiva era una exigencia perentoria: utilizar las facultades administrativas ya existentes en las agencias federales para emitir directrices urgentes sobre la fiscalidad y la regulación de los activos digitales, sin esperar a que el Congreso apruebe legislación formal.

Esta iniciativa fue impulsada por el Instituto de Política de Solana (Solana Policy Institute). Entre los miembros destacados de esta alianza se encuentran gigantes del mercado como Coinbase, Uniswap Labs, la Asociación Blockchain (Blockchain Association) y Exodus. Su argumento central es que organismos clave como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia (DOJ) poseen las herramientas administrativas necesarias. Estas herramientas incluyen la emisión de aclaraciones provisionales, la publicación de cartas de «no acción» (no-action letters) o la concesión de exenciones regulatorias. Este empuje coordinado hacia el poder ejecutivo busca materializar las promesas electorales de Trump respecto a las criptomonedas mediante acciones concretas de las agencias.

En el ámbito tributario, la coalición presentó una serie de peticiones específicas que, según su criterio, pueden implementarse sin demora. Los firmantes insisten, por ejemplo, en que las recompensas obtenidas por staking y minería deben ser tratadas como «propiedad autogenerada». Esto implicaría que solo se gravarían en el momento de su venta, y no al recibirlas. Adicionalmente, se propuso establecer un umbral de minimis cercano a los 600 dólares estadounidenses para las transacciones menores. También se solicitó una definición clara para que operaciones rutinarias, como puentes (bridging), envoltura de tokens (token wrapping), bifurcaciones (forks), lanzamientos aéreos (airdrops), movimientos de colateral y liquidaciones, no se califiquen automáticamente como eventos sujetos a impuestos.

Junto a las preocupaciones fiscales, la carta incluyó una solicitud directa al Departamento de Justicia para que retire o revise los cargos presentados contra Roman Storm, uno de los desarrolladores de Tornado Cash. Esta petición refleja la honda preocupación de la industria de que las acciones actuales de aplicación de la ley podrían, inadvertidamente, criminalizar el desarrollo de software en sí mismo. Cabe recordar que en agosto de 2025, un jurado declaró a Storm culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, aunque el jurado no logró un veredicto unánime en los cargos más graves relacionados con el lavado de dinero y la violación de sanciones.

Esta movilización se apoya en las recomendaciones plasmadas en el Informe del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Activos Digitales, que vio la luz en julio de 2025. La coalición también hace referencia al Decreto Ejecutivo de Trump del 23 de enero de 2025, que fue fundamental para establecer dicho Grupo de Trabajo y que derogó varias normativas restrictivas previas. La industria considera estos movimientos administrativos como pilares esenciales para que Estados Unidos mantenga su competitividad en el espacio de los activos digitales, especialmente mientras el proceso legislativo a largo plazo en el Congreso se estanca.

Las organizaciones también instaron a la SEC a considerar un marco de «puerto seguro» (Token Safe Harbor), similar a la propuesta de la comisionada Hester Peirce. Este marco ofrecería a los proyectos un periodo de tres años para descentralizarse sin la obligación inmediata de registrarse como valores. El Instituto de Política de Solana, fundado por Miller Whitehouse-Levin, quien anteriormente fungió como director ejecutivo del Fondo de Educación DeFi, ha sido un defensor activo de la claridad legal para desarrolladores y usuarios de redes descentralizadas. En resumen, la comunicación subraya el deseo del sector cripto de obtener una certeza legal inmediata y mitigar la presión regulatoria que, a juicio de los firmantes, está poniendo en jaque la innovación.