El Consejo de Seguridad de la ONU se Reúne Ante la Escalada de Tensión entre EE. UU. y Venezuela por la Captura de Buques Petroleros

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue convocado de urgencia el martes 23 de diciembre de 2025, respondiendo a una solicitud formal del gobierno venezolano. El motivo central de esta sesión extraordinaria fue el drástico recrudecimiento de las hostilidades entre Caracas y Washington, un clima exacerbado por la reciente incautación de varios buques cisterna y la imposición de un bloqueo naval por parte de Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela ha calificado estas acciones como un acto de “piratería internacional”, marcando el punto álgido de una prolongada campaña de presión ejercida por Washington contra la administración de Nicolás Maduro.

Tanto la Federación Rusa como la República Popular China respaldaron la petición venezolana para que el Consejo de Seguridad abordara estos incidentes, insistiendo en que las controversias debían dirimirse estrictamente dentro del marco del derecho internacional. Esta convergencia de posturas subraya la creciente división en el seno del organismo multilateral respecto a la política exterior estadounidense hacia la nación sudamericana.

La tensión escaló a niveles críticos tras dos incautaciones navales significativas. El 10 de diciembre de 2025, la Guardia Costera de EE. UU. detuvo el buque petrolero Skipper como parte de la denominada “Operación Lanza del Sur”. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2025, fue interceptado el buque Centuries, que navegaba bajo pabellón panameño. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró desde Mar-a-Lago que la salida de Maduro era imperativa y advirtió sobre las consecuencias de cualquier intento de resistencia.

La Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kirstjen Nielsen, vinculó directamente estas aprehensiones con los esfuerzos para frenar el flujo de narcóticos hacia territorio norteamericano. Cabe recordar que, desde principios de septiembre de 2025, las fuerzas militares estadounidenses habían llevado a cabo ataques selectivos contra embarcaciones menores, que, según informes, resultaron en la muerte de más de un centenar de personas.

Washington justifica sus intervenciones argumentando la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de contrarrestar al régimen de Maduro, al que el Secretario de Estado, Marco Rubio, vincula con el “Cártel de los Soles”, una organización catalogada como terrorista. Por su parte, el canciller venezolano, Iván Gil, reiteró que las capturas constituyen un acto de agresión directa destinado a provocar un cambio de régimen. En respuesta directa, la Asamblea Nacional de Venezuela impulsó legislación que contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes cometan “actos de piratería” contra naves mercantes que operen con la república.

Rusia, a través de su Ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, emitió una seria advertencia, señalando que las maniobras de Washington podrían desembocar en un “error fatal” que pondría en jaque la estabilidad del tráfico marítimo en la región. China, principal comprador del crudo venezolano, condenó enérgicamente las incautaciones, calificándolas de violación flagrante del derecho internacional y de intimidación unilateral, según manifestó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian. Pekín enfatizó el derecho de Venezuela a mantener relaciones comerciales mutuamente beneficiosas, especialmente con la República Popular China, destino de gran parte de su petróleo, a menudo transportado mediante el llamado “buque fantasma”.

La campaña naval estadounidense, denominada “Operación Lanza del Sur” y activada el 1 de septiembre de 2025, implicó el despliegue de importantes activos navales, incluyendo un grupo de ataque de portaaviones con el USS Gerald R. Ford como buque insignia. El bloqueo impuesto por Trump el 17 de diciembre ya ha provocado una contracción severa en las exportaciones petroleras venezolanas, forzando a los cargueros a permanecer anclados en aguas territoriales locales a la espera de instrucciones.

Un tercer navío, el Bella 1, también sancionado, logró evadir la captura el domingo al retirarse rápidamente de la zona de persecución. Esta confrontación en torno a los activos marítimos y las sanciones evidencia un preocupante tránsito desde las medidas económicas hacia la intervención directa por la fuerza, generando honda inquietud a nivel global. La captura del Centuries, que según análisis de expertos no estaba sujeto a sanciones previas, sugiere una clara intensificación de la política de la administración Trump, mientras que Venezuela y sus socios perciben en ello una amenaza directa a su soberanía y al orden internacional establecido.