Nueva Zelanda rechaza oficialmente integrarse al «Consejo de Paz» propuesto por Donald Trump

El Ejecutivo de Nueva Zelanda ha comunicado de manera oficial su decisión de declinar la invitación para integrarse en la iniciativa diplomática del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conocida bajo el nombre de «Consejo de Paz». Durante una comparecencia realizada el viernes 30 de enero de 2026, el ministro de Asuntos Exteriores, Winston Peters, confirmó que la administración de Wellington ha optado por no participar en el Consejo bajo sus términos actuales, si bien puntualizó que el país permanecerá atento a cualquier cambio o desarrollo futuro de la situación geopolítica. Esta postura oficial fue coordinada estrechamente entre el primer ministro Christopher Luxon y el viceprimer ministro David Seymour, reflejando una posición unificada del gabinete neozelandés ante la propuesta estadounidense.

En sus declaraciones, Peters hizo especial hincapié en el papel histórico de Nueva Zelanda como uno de los estados fundadores y promotores más constantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este sentido, el gobierno insiste en que cualquier actividad desempeñada por el Consejo de Paz debe ser plenamente complementaria y estar en total sintonía con las disposiciones establecidas en la Carta de la ONU. Asimismo, la negativa se sustenta en una evaluación de la eficacia regional; dado que el foco operativo del Consejo se centra primordialmente en la crisis de la Franja de Gaza —un escenario donde ya existe una participación activa de las potencias de la zona—, Nueva Zelanda estima que su intervención no representaría una contribución adicional de peso en el terreno en este momento.

El origen de este organismo se remonta al 22 de enero de 2026, fecha en la que Donald Trump anunció su creación en el marco del Foro Económico Mundial celebrado en Davos. Originalmente, el Consejo fue posicionado como un componente esencial del plan de paz estadounidense para mediar en el conflicto de Gaza, basando su legitimidad inicial en un mandato que el Consejo de Seguridad de la ONU había aprobado mediante la Resolución 2803 en noviembre de 2025. Sin embargo, el análisis de los documentos constitutivos obtenidos por los medios de comunicación reveló una discrepancia significativa: la versión final de la organización no incluía menciones explícitas a la situación en Gaza, lo que ha sido interpretado por diversos analistas como una señal de que la entidad persigue objetivos geopolíticos de carácter mucho más amplio y global de lo anunciado inicialmente.

Las voces críticas no han tardado en señalar que el Consejo podría estar diseñado para funcionar como una estructura paralela y rival de las Naciones Unidas. Estas sospechas se fundamentan en elementos controvertidos presentes en sus estatutos, tales como la propuesta de otorgar a Donald Trump una presidencia de carácter vitalicio con capacidad de veto absoluto sobre las decisiones del organismo. Además, se ha estipulado un requisito financiero sustancial, exigiendo una donación de 1.000 millones de dólares estadounidenses para aquellos miembros que deseen extender su permanencia más allá de los primeros tres años de membresía. El control estratégico de la entidad recae en un consejo ejecutivo presidido por el propio Trump, en el cual figuran nombres de alto perfil político como Marco Rubio, Jared Kushner y el ex primer ministro británico sir Tony Blair.

El panorama de adhesiones internacionales muestra una clara división. Mientras que estados clave de la región como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar e Indonesia ya se han integrado a la junta directiva, las potencias globales y los aliados tradicionales de Washington en Occidente han reaccionado con una prudencia notable. Dentro de la Unión Europea, el apoyo ha sido limitado, con solo Hungría y Bulgaria aceptando la invitación de la administración estadounidense. En contraste, países como Francia y Noruega se han alineado con la postura de Nueva Zelanda y Croacia, manifestando objeciones de fondo o declinando la oferta de participación de forma categórica, lo que evidencia una falta de consenso transatlántico sobre la viabilidad y los objetivos reales de esta nueva estructura de poder.

En última instancia, la resolución tomada por Wellington es sintomática de una tendencia más vasta que se observa entre las democracias occidentales consolidadas. Este bloque de naciones, ejemplificado por la postura de Alemania, sostiene que la comunidad internacional ya cuenta con un foro institucionalizado y legítimo para la gestión de la paz y la seguridad internacional: la Organización de las Naciones Unidas. Al rechazar la creación de mecanismos alternativos que podrían debilitar el orden multilateral vigente, Nueva Zelanda reafirma su compromiso con las instituciones internacionales establecidas, priorizando la diplomacia tradicional y el respeto a los marcos legales globales frente a propuestas de gobernanza que plantean interrogantes sobre su transparencia y su encaje en el derecho internacional.