Ley de Amnistía Venezolana Beneficia a 7.727 Personas desde su Implementación en Febrero

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada a finales de febrero de 2026, ha resultado en la concesión de libertad plena a 7.727 individuos hasta el 12 de marzo de 2026. Esta legislación abarca un periodo de 27 años, desde 1999, centrándose en 13 eventos específicos ocurridos en años distintos, con el objetivo declarado de establecer las bases para la paz social y la reconciliación nacional en Venezuela. La norma fue promulgada por Delcy Rodríguez, quien ejercía como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, buscando generar condiciones para el desarrollo armónico y el pluralismo político.

Jorge Arreaza, diputado oficialista y presidente de la comisión de monitoreo legislativo, detalló el alcance de las cifras durante una comparecencia en Caracas. Del total de beneficiarios, 7.474 personas transitaron de un estado de libertad restringida —que incluía medidas cautelares como la prohibición de salida del país o presentaciones periódicas— a una libertad absoluta con la extinción del caso penal asociado. Adicionalmente, 253 individuos que se encontraban encarcelados recibieron su liberación definitiva mediante la aplicación directa de la amnistía. El proceso legislativo culminó con la aprobación de la ley por el Parlamento el 19 de febrero de 2026.

El flujo de solicitudes recibidas indica la magnitud del proceso: se han acumulado 12.557 peticiones totales, de las cuales 9.726 fueron catalogadas como válidas para estudio. El proceso administrativo identificó 2.831 solicitudes repetidas, y 1.460 solicitudes válidas fueron descartadas por presentar cargos exentos de la ley, tales como homicidio, corrupción, narcotráfico o violaciones a los derechos humanos. En un ámbito paralelo, 116 personas obtuvieron medidas de liberación por recomendación de la comisión liderada por Arreaza, aunque sus procesos judiciales continúan sin la extinción del caso penal.

La ONG Foro Penal, que documenta la defensa de detenidos por motivos políticos, presentó cifras ligeramente diferentes al 11 de marzo de 2026, reportando 7.654 beneficiarios, desglosados en 247 personas excarceladas y 7.407 a quienes se les levantaron medidas cautelares. Esta organización, que ha documentado 19.012 detenciones políticas desde 2014, señaló que al 9 de marzo persistían 508 presos políticos, incluyendo 179 militares y 44 extranjeros. Foro Penal también alertó que más de 11.000 ciudadanos permanecen sujetos a medidas restrictivas de libertad, lo que subraya que la amnistía no resuelve la totalidad de las restricciones judiciales vigentes.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, si bien busca la reconciliación, ha sido analizada por su alcance limitado a 13 incidentes específicos dentro del periodo 1999-2026, excluyendo otros casos de persecución política. Expertos de la ONU habían manifestado previamente la necesidad de integrar la ley en un proceso integral de justicia transicional que aborde la rendición de cuentas y las reformas institucionales. La legislación excluye expresamente delitos graves como crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional y corrupción, conforme a lo estipulado en el artículo 9 y en consonancia con el artículo 29 constitucional. La efectividad de este instrumento, que busca extinguir acciones penales, disciplinarias o civiles, será determinada por la estabilidad de su aplicación sin arbitrariedades.