EE. UU. y Venezuela consolidan una nueva alianza estratégica en salud y energía

En febrero de 2026, tras la salida de Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero de 2026, Estados Unidos y Venezuela han dado inicio formal a una etapa inédita de cooperación bilateral. Este nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas se centra primordialmente en la inversión en infraestructuras de salud y en el desarrollo de una ambiciosa agenda energética conjunta. El proceso de normalización se vio impulsado por la llegada del primer cargamento de asistencia humanitaria el 13 de febrero de 2026, marcando el comienzo de negociaciones intensas sobre asuntos económicos de carácter estratégico.

La gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras el cese de Maduro, ha logrado establecer canales de comunicación sumamente ágiles con la administración del presidente Donald Trump. Este acercamiento se fundamenta en un marco de respeto mutuo y objetivos compartidos. Previamente, la presidenta Rodríguez había anunciado el desbloqueo de recursos venezolanos en el exterior, destinados específicamente a la adquisición de equipamiento médico avanzado en Estados Unidos y otros mercados internacionales. Este deshielo diplomático tuvo su momento más visible con la entrega de seis toneladas de suministros médicos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de La Guaira el 13 de febrero de 2026.

La embajadora de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien se instaló en Caracas el 1 de febrero de 2026 para liderar la reapertura de la misión diplomática, ha sido una figura clave en este proceso. Durante la recepción de los suministros, Dogu enfatizó que este envío representa apenas el inicio de una serie de entregas programadas para revitalizar el sistema nacional de salud. Por su parte, la Casa Blanca ha dejado claro que esta asistencia no se enmarca en un modelo de caridad tradicional. Bajo la premisa de la política «América Primero», las autoridades venezolanas han aceptado reembolsar los costes asociados, fomentando así un entorno que atraiga la inversión privada y promueva la autosuficiencia a largo plazo.

El sector energético se ha posicionado como el eje central de este vínculo renovado. Entre el 11 y el 13 de febrero de 2026, Venezuela recibió la visita de Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos, marcando el viaje de más alto nivel de un funcionario estadounidense al país en casi treinta años. Wright mantuvo reuniones cruciales con la presidenta interina Rodríguez en el Palacio de Miraflores, donde ratificaron el compromiso de trabajar en una «agenda energética» de largo alcance. Ambos líderes definieron esta colaboración como el motor principal que impulsará el crecimiento económico de las dos naciones en los años venideros.

Este impulso diplomático se apoya en reformas estructurales significativas, como la ley aprobada por el parlamento venezolano el 29 de enero de 2026, que abre el sector energético a la inversión privada de manera directa. Este cambio legislativo rompe con la doctrina estatal que predominó durante más de dos décadas, permitiendo ahora que empresas privadas participen en actividades de exploración y producción. En respuesta a estos avances, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió el 10 de febrero de 2026 la Licencia General No. 48. Este documento autoriza la provisión de bienes y tecnologías para la industria del petróleo y gas, aunque mantiene restricciones estrictas sobre la creación de nuevas empresas mixtas y prohíbe cualquier participación de entidades vinculadas a Rusia, China, Irán, Corea del Norte o Cuba.

La visión estratégica de Washington busca la recuperación total del aparato productivo venezolano, el cual requiere una inversión estimada de 52.000 millones de dólares solo para sostener los niveles de producción actuales hasta el año 2040. No obstante, la administración Trump aspira a movilizar hasta 100.000 millones de dólares en capital para el sector de hidrocarburos. Bajo el liderazgo de Laura Dogu, la diplomacia estadounidense ejecuta un plan de tres etapas que abarca la estabilización, la reconstrucción y la transición democrática definitiva. Este conjunto de acciones representa un giro fundamental en la geopolítica regional, consolidando una transformación económica que comenzó a gestarse en Caracas a principios de enero de 2026.