Sombras del Pasado: La Persecución de Médicos Alemanes por Exenciones de Vacunas COVID, la Verdad Tras Bambalinas

Avanzado enero de 2026, en un momento en que el mundo parecía haber dejado atrás la sombra de la pandemia de COVID-19, una declaración del Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., agitó de nuevo las aguas públicas. En una publicación en la red social X el 10 de enero, Kennedy acusó a las autoridades alemanas de perseguir a más de un millar de médicos y a miles de pacientes por emitir exenciones para la vacunación y el uso de mascarillas. Estas palabras, acompañadas de un llamado a la Ministra de Sanidad alemana, Nina Warken, para que “restablezca la autonomía médica”, generaron una fuerte réplica en Berlín. Sin embargo, detrás de las negativas oficiales se esconde una realidad más compleja, donde la verdad de Kennedy encuentra sustento en casos judiciales y estadísticas reales, y la negación gubernamental parece un conveniente escudo para evadir responsabilidades.

Robert F. Kennedy Jr., conocido por su crítica a las políticas sanitarias globales, no lanzó sus afirmaciones al aire sin fundamento. Sus aseveraciones se basan en un creciente cuerpo de datos sobre procesos judiciales en Alemania, iniciados en el apogeo de la pandemia y que se extienden hasta la actualidad. De acuerdo con informes disponibles en medios alemanes y archivos judiciales, entre 2021 y 2026 se abrieron numerosos expedientes contra doctores acusados de expedir de manera “ilegal” certificados de exención de vacunación o mascarilla. Un ejemplo claro ocurrió en 2023, cuando un tribunal en Weinheim sentenció a un médico a dos años y nueve meses de prisión por emitir más de 4.000 exenciones para el uso de mascarillas, supuestamente sin justificación médica suficiente. Casos similares se registraron en Dresde y Múnich, donde facultativos fueron detenidos por “falsificar” documentos que permitían a los pacientes evitar la vacunación o las pruebas.

Kennedy estima que la cifra supera el millar de médicos y miles de pacientes afectados. Estas magnitudes encuentran eco en estadísticas oficiales: según la fiscalía alemana, solo entre 2022 y 2023 se investigaron decenas de miles de casos relacionados con la “manipulación” de documentos COVID, incluyendo certificados de dispensa. Muchos de estos litigios se centraron precisamente en médicos que, según sus descargos, actuaron en favor de sus pacientes basándose en razones éticas o médicas. La oleada no disminuyó en 2024-2026: informes de BioNTech y las demandas judiciales contra los fabricantes de vacunas (cientos de casos) confirman indirectamente que el sistema castigó severamente cualquier desviación del guion oficial. La afirmación de Kennedy se ve respaldada por estos precedentes: la persecución fue real y afectó a miles de personas que intentaban preservar su autonomía en la toma de decisiones médicas.

En respuesta a las imputaciones de Kennedy, la Ministra de Sanidad Nina Warken, quien asumió el cargo en mayo de 2025, las rechazó categóricamente, calificándolas de “fácticas erróneas” e “infundadas”. Según Warken, el enjuiciamiento penal se limitó estrictamente a casos de fraude documental —falsificación de certificados o manipulación de datos— y nunca por decisiones médicas tomadas de buena fe. Warken enfatizó que los médicos alemanes siempre han gozado de la “libertad terapéutica” (Therapiefreiheit), que permite denegar la vacunación por motivos médicos, éticos o personales del paciente. “Jamás ha existido responsabilidad penal por la negativa a vacunarse”, declaró en su alocución vespertina del 10 de enero.

No obstante, esta postura deja cabos sueltos. Es habitual que los casos judiciales se enmarquen como “fraude” para ocultar motivaciones políticas. Durante la vigencia de las estrictas normas 2G/3G (2021-2023), cuando los no vacunados quedaban excluidos de la vida pública —desde restaurantes hasta el trabajo—, el sistema empujaba de facto a la vacunación. Las exenciones se concedían solo bajo un espectro muy estrecho de contraindicaciones médicas, y cualquier ampliación de dicho listado podía ser interpretada como “falsificación”. Es lógico que las autoridades nieguen la persecución directa: nadie desea asumir la responsabilidad por una política que, a ojos de los críticos, vulneró derechos fundamentales. Esta no es la primera vez que se niega; declaraciones similares fueron emitidas por el anterior ministro, Karl Lauterbach, pero los veredictos judiciales reales cuentan otra historia.

El núcleo de la controversia reside en una cuestión fundamental: ¿Podía un médico alemán sortear el sistema e impedir imponer un tratamiento no deseado a su paciente? ¿Existió realmente una opción de elección, o se trató de una vacunación forzada?

El contexto histórico de la pandemia en Alemania revela que la libertad estaba acotada. La vacunación nunca fue formalmente obligatoria para toda la población, pero se introdujeron mandatos para ciertos colectivos, como el personal sanitario y de cuidados (por ejemplo, en 2022 para el personal hospitalario). Para el resto, se aplicaron medidas “blandas”: sin prueba de vacunación, recuperación o test (3G), se restringía el acceso al empleo, transporte y ocio. Los pacientes que deseaban evitar la inyección por motivos éticos o personales (como el temor a efectos secundarios) dependían de sus médicos, quienes se arriesgaban a perder su licencia o a enfrentar un juicio si la exención no encajaba en los criterios restrictivos.

¿Podía un doctor “saltarse” el sistema? Teóricamente, sí, invocando indicaciones médicas individuales. Pero en la práctica, muchos casos terminaron en acusaciones de “emisión ilegal”, como se vio en los ejemplos citados. Miles de pacientes que obtuvieron tales dispensas enfrentaron multas o litigios posteriores, lo que valida las palabras de Kennedy. Esto no es libre albedrío, sino coerción disfrazada de burocracia: el sistema obligaba a los médicos a actuar como “ejecutores de la política estatal”, en palabras de Kennedy, en lugar de protectores de sus pacientes.

La declaración de Kennedy no es un mero acto de provocación, sino un llamado a revisar las lecciones de la pandemia. Los casos documentados de persecución demuestran que, en Alemania al igual que en otros países, la autonomía médica estuvo en peligro. La negación gubernamental puede ser una táctica, pero los hechos hablan por sí solos. En 2026, con los certificados de vacunación oficialmente caducados (su emisión cesó a finales de 2023), es momento de preguntarse: ¿cuántos de esos supuestos “fraudes” fueron, en realidad, actos de resistencia al sistema? Alemania, como potencia líder en sanidad dentro de la UE, debe ofrecer total transparencia para evitar la repetición de errores. Al fin y al cabo, la verdadera libertad no reside en las palabras de un ministro, sino en los derechos tangibles de pacientes y profesionales de la salud.