Congreso Mexicano Impone Aranceles de Hasta 50% a Importaciones Asiáticas para Fomentar Manufactura Local

El Congreso de México formalizó el miércoles 10 de diciembre de 2025 la aprobación de una reestructuración en los gravámenes de importación, una iniciativa impulsada por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Esta legislación establece nuevos o incrementados aranceles, con un tope del 50%, dirigidos principalmente a mercancías procedentes de la República Popular China y otras naciones que no poseen un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con México.

La medida fue ratificada por el Senado en una votación acelerada esa misma noche, con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones. Estas modificaciones, que afectan a 1.463 líneas arancelarias, entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. Los sectores clave impactados incluyen el automotriz, textiles, mobiliario, plásticos, acero, aluminio, aparatos electrodomésticos y calzado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta que la aplicación de estos impuestos generará un ingreso adicional de 51.900 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 2.800 millones de dólares estadounidenses, durante el ejercicio fiscal de 2026.

El objetivo declarado de la política es doble: fortalecer la capacidad productiva interna de México y mitigar el significativo desequilibrio comercial con China. En 2024, el déficit comercial bilateral con China se aproximó a los 120.000 millones de dólares, casi duplicando la cifra registrada una década antes, según datos del INEGI. Las importaciones chinas ascendieron a 129.795 millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas se situaron en 9.937 millones de dólares ese año.

Esta acción legislativa se enmarca en las discusiones comerciales entre la Presidenta Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump, quien había señalado a México como una ruta de evasión arancelaria para productos chinos. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado que la iniciativa se alinea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y afecta al 8.6% del comercio exterior mexicano, que representa 51.910 millones de dólares en importaciones.

La reacción de Pekín fue inmediata; el gobierno chino condenó la medida por su unilateralidad y proteccionismo, advirtiendo a México que debe “corregir sus prácticas erróneas” y amenazando con “tomar todas las medidas necesarias” para salvaguardar sus intereses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, se opuso a las restricciones, calificando el acto como un ejercicio de “coerción”.

Paralelamente, senadores como Alejandra Barrales expresaron inquietud sobre el posible impacto en los costos al consumidor, sugiriendo que México se vio forzado a tomar posición en la disputa sino-estadounidense. Fabricantes que dependen de insumos chinos, indios y surcoreanos han manifestado preocupación por el potencial incremento de costos que podría generar presiones inflacionarias. Oscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad, sugirió que la medida podría estar vinculada a las negociaciones inminentes para la revisión del T-MEC, buscando exenciones arancelarias ante Washington.