EE. UU. Impone Bloqueo Naval y Designa al Régimen Venezolano como Organización Terrorista

El martes 16 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para establecer un bloqueo total y completo dirigido a toda embarcación petrolera sancionada que intente entrar o salir del territorio venezolano. Simultáneamente, a través de comunicaciones en redes sociales, Trump formalizó la designación del gobierno de Nicolás Maduro como Organización Terrorista Extranjera (FTO). Esta doble medida constituye una escalada significativa en la política de presión ejercida por Washington sobre Caracas.

El fundamento esgrimido por el mandatario estadounidense para justificar el cerco marítimo y la designación se centra en la presunta utilización de los ingresos petroleros por parte del régimen para financiar actividades ilícitas, incluyendo el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro, además del alegado robo de activos estadounidenses. Trump advirtió que Venezuela se encuentra circundada por lo que denominó "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica", y que este despliegue militar se mantendría hasta la restitución de todo el petróleo, la tierra y los bienes reclamados por Estados Unidos.

Las partes directamente involucradas en esta confrontación geopolítica son el Presidente Trump, en ejercicio del Poder Ejecutivo federal, y la Vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, en representación del gobierno de Maduro. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) también se encuentra en el centro de las tensiones, especialmente tras denunciar un ciberataque orquestado por intereses extranjeros para paralizar su operatividad. La respuesta oficial del gobierno venezolano calificó la orden de bloqueo como una "grotesca amenaza" y una transgresión del derecho internacional, anunciando su intención de elevar el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Esta directriz se produce tras una semana de eventos críticos, incluyendo la incautación por fuerzas estadounidenses del petrolero sancionado Skipper, que transportaba crudo venezolano, un acto que Caracas catalogó como "piratería de Estado". El buque Skipper había sido sancionado previamente desde 2022 por presuntos vínculos con una "flota sombra" de transporte. Venezuela ha acusado a Trinidad y Tobago de participar en la incautación, lo que llevó al gobierno de Maduro a poner fin a los acuerdos de suministro de gas natural con esa nación.

La economía venezolana, altamente dependiente de los ingresos petroleros, ya enfrentaba un deterioro operativo exacerbado por las sanciones impuestas desde 2019. Las sanciones petroleras prohíben la comercialización de crudo y la compra de insumos esenciales, lo que, según estimaciones, costó al país ingresos petroleros equivalentes al 213% de su PIB entre 2017 y 2024. El impacto económico inmediato sobre la industria petrolera, motor principal de la economía, se perfila como potencialmente severo, agravando la escasez y las dificultades para financiar importaciones vitales.

En los mercados globales, el anuncio generó volatilidad, con los futuros del petróleo estadounidense experimentando un alza superior al 1% en las operaciones asiáticas, alcanzando los 55.96 dólares por barril, reflejando la conmoción ante la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales.