La Administración de EE. UU. impulsa la transferencia de competencias del Departamento de Educación a los estados

La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una serie de medidas destinadas a la reestructuración del Departamento de Educación de Estados Unidos (DoE). Esta iniciativa forma parte de una estrategia declarada cuyo objetivo principal es disminuir la injerencia federal en el ámbito de la educación escolar y ceder el control a los estados individuales. Este movimiento, anticipado por Trump, busca materializar una promesa de campaña clave: devolver la autoridad educativa «al lugar que le corresponde: los estados». Linda McMahon, la Secretaria de Educación, describió estas acciones como un «paso audaz para desmantelar la burocracia federal en la esfera educativa».

Como parte integral de esta reorganización, se han establecido nuevas alianzas de colaboración con cuatro entidades federales distintas: el Departamento de Trabajo, el Departamento del Interior, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y el Departamento de Estado. Estas agencias asumirán una porción de las funciones que históricamente recaían bajo la jurisdicción del Departamento de Educación. Según un comunicado oficial emitido por la Casa Blanca, la nueva arquitectura gubernamental está diseñada para «optimizar las actividades educativas federales dentro de los programas legalmente requeridos, reducir la carga administrativa y reorientar programas y actividades para servir mejor a los estudiantes y beneficiarios de subvenciones».

El Departamento de Educación fue establecido por el Congreso en 1979, mediante la Ley de Organización del Departamento de Educación (Public Law 96-88), con la misión fundamental de garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades educativas. Antes de esa fecha, las cuestiones federales relativas a la educación eran supervisadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las responsabilidades esenciales de la agencia incluían la gestión de préstamos estudiantiles, la vigilancia de los resultados académicos y la garantía del cumplimiento de los derechos civiles. Es importante destacar que la financiación federal representa menos del 10 por ciento del gasto total de los estados en educación.

La delegación de competencias implica una distribución específica de responsabilidades. El Departamento de Trabajo se encargará de la administración de los programas de educación primaria y secundaria, incluyendo la enseñanza de inglés como segunda lengua y las subvenciones destinadas a las escuelas chárter. El Departamento del Interior asumirá la responsabilidad de los programas educativos dirigidos a los nativos americanos. Por su parte, el Departamento de Estado supervisará los programas de educación internacional y el estudio de idiomas extranjeros. Finalmente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos recibirá la gestión de las subvenciones para padres que cursan estudios superiores y la acreditación de instituciones médicas extranjeras.

Las reacciones políticas han sido encontradas. Los críticos, en su mayoría representantes del Partido Demócrata, manifestaron su descontento, argumentando que la administración está eludiendo al Congreso y «recortando recursos» esenciales para las escuelas y los estudiantes vulnerables. En contraste, los sectores conservadores aplaudieron la medida, viéndola como un avance significativo en la reducción del aparato federal. Cabe recordar que la legislación federal ya prohíbe al DoE interferir en los planes de estudio y los métodos de enseñanza, dado que estas facultades residen en los estados, que aportan más del 85 por ciento de la financiación de las escuelas públicas.

Áreas cruciales, como la cartera de préstamos estudiantiles valorada en 1,6 billones de dólares y la aplicación de los derechos bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), permanecerán bajo la jurisdicción del Departamento de Educación, aunque no se descartan futuras transferencias. Los defensores del proceso sostienen que este cambio fomentará una mayor innovación a través del control local. Históricamente, los intentos de descentralización no son novedosos; por ejemplo, la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) derogó el sistema federal de rendición de cuentas del Progreso Anual Adecuado (AYP), devolviendo la responsabilidad a los estados. Sin embargo, esta transferencia de autoridad podría generar una variabilidad en los estándares académicos y complicar la transición de estudiantes entre diferentes estados.