Incertidumbre Electoral en Honduras y Posible Asilo para Maduro en Colombia

La escena política centroamericana enfrenta un momento crítico tras las elecciones generales hondureñas celebradas el 30 de noviembre de 2025, cuyos resultados seguían sin ser definitivos al 11 de diciembre de 2025. La tensión se ha intensificado debido a un recuento especial en curso, motivado por la tardanza en la notificación de resultados y las serias acusaciones de fraude sistémico e injerencia externa. Hasta el 9 de diciembre, con el 99,40% de las actas procesadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía una ligera ventaja con el 40,53% de los votos, superando al líder del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien registraba el 39,21%. Rixi Moncada, postulada por el partido gobernante LIBRE, se ubicó en tercer lugar con el 19,30%, un porcentaje inferior a las proyecciones previas a la contienda.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha centrado el recuento especial en el 14% al 15% de las actas que presentan inconsistencias o fallas en la transmisión de datos, un problema técnico que se ha convertido en el centro de la disputa. Miembros de la oposición, incluyendo a Moncada y al consejero del CNE, Marlon Ochoa, han calificado el proceso como un “golpe electoral” y el “más manipulado y menos creíble en la historia democrática” del país, respectivamente. Estas denuncias apuntan a fallas de ciberseguridad y la posible alteración del código fuente del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La presidenta saliente, Xiomara Castro, también ha denunciado la interferencia del expresidente estadounidense Donald Trump, quien previamente había mostrado apoyo a Asfura y concedido el indulto al exmandatario Juan Orlando Hernández antes de la votación. La crisis institucional se agrava por el plazo legal del 30 de diciembre de 2025, fecha límite para que el CNE valide el resultado antes de una posible intervención del Congreso Nacional, el cual ya ha manifestado que no avalará un proceso afectado por presiones internas y externas. La Misión Observadora de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha solicitado cautela, instando a las facciones a esperar los resultados finales y a mantener el orden público, tras haber identificado demoras e intermitencias en la gestión del material electoral.

En un desarrollo diplomático paralelo, el gobierno colombiano ha indicado su disposición a considerar una solicitud de asilo para el presidente venezolano Nicolás Maduro. La Canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, confirmó esta postura, condicionando la acogida a que la salida de Maduro sea un componente necesario en las conversaciones de transición internacional en Venezuela. Villavicencio señaló que Colombia no denegaría protección si el cese de Maduro forma parte de una negociación, adhiriéndose a los instrumentos internacionales de asilo, aunque sugirió que el mandatario podría optar por un destino “más distante y más tranquilo”. Esta declaración del gabinete del presidente Gustavo Petro, que promueve una transición venezolana con “inclusión de todos” y una “amnistía general”, se produce en un contexto de creciente presión diplomática sobre Caracas.

La postura de Colombia, que no reconoció las elecciones de 2024 en las que Maduro fue reelecto, refleja un pragmatismo regional enfocado en la estabilidad, contrastando con la posición de Estados Unidos. La Ministra Villavicencio también ha generado atención por cuestionar el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Ambos escenarios, la disputa electoral en Honduras y la potencial reubicación diplomática de Maduro, subrayan la persistencia de la influencia geopolítica en los asuntos internos de América Latina.