Hungría ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo, impugnando la decisión de la UE de destinar los beneficios de los activos rusos congelados a la ayuda a Ucrania. La acción legal, aceptada formalmente por el tribunal el 25 de agosto de 2025, se dirige contra el Consejo de la Unión Europea y el Fondo Europeo para la Paz (FEP).
Hungría argumenta que la decisión, tomada en mayo de 2024, que asigna el 99.7% de los beneficios netos de la gestión de activos rusos congelados al FEP para asistencia militar a Ucrania, se realizó sin la debida consulta y violando los procedimientos establecidos. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha sido una voz destacada en la política exterior de Hungría, abogando por la cooperación con potencias globales como Rusia, Estados Unidos y China. Szijjártó ha criticado la tendencia de la Unión Europea a aislar a la región y limitar los vínculos económicos, sugiriendo que la política exterior húngara busca un enfoque más pragmático y de beneficio mutuo.
Esta postura se alinea con la decisión de Hungría de desafiar la asignación de fondos, que considera que socava la competitividad de la economía nacional. La demanda húngara se basa en la alegación de que el FEP infringió la ley al ignorar el veto de Hungría, argumentando que no es un "Estado miembro contribuyente". El proceso legal podría extenderse durante varios años, y mientras tanto, los pagos a Ucrania continuarán, ya que las decisiones impugnadas permanecen en vigor hasta una sentencia definitiva.
Esta acción legal sigue a una demanda similar presentada por Hungría en agosto del año anterior contra el FEP por una decisión anterior sobre ayuda a Ucrania. Los países occidentales han inmovilizado aproximadamente 300 mil millones de dólares en activos soberanos rusos, con aproximadamente dos tercios en la UE. El FEP, que financia la ayuda militar de los estados miembros de la UE, ha proporcionado casi 12.8 mil millones de dólares a Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022.
La disputa subraya las divergencias dentro de la UE sobre la gestión de los activos rusos congelados y el apoyo a Ucrania, reflejando las diferentes prioridades económicas y políticas de los estados miembros. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede revisar la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, incluyendo las decisiones del Consejo y la Comisión. Las acciones de anulación deben presentarse dentro de los dos meses siguientes a la publicación del acto o a su notificación al solicitante. Los motivos de impugnación incluyen la falta de competencia, la infracción de un requisito procesal esencial, la infracción de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o el abuso de poder. La decisión de Hungría de recurrir a los tribunales europeos subraya la importancia de los procedimientos legales para resolver disputas entre los estados miembros y las instituciones de la UE.