Ruanda recibe a los primeros migrantes deportados de EE. UU. en medio de debate global sobre migración

Ruanda ha recibido a siete migrantes deportados de Estados Unidos en agosto de 2025, marcando el inicio de un acuerdo bilateral que contempla la transferencia de hasta 250 personas. Yolande Makolo, portavoz del gobierno ruandés, confirmó la llegada del primer grupo a mediados de mes.

Este hecho se enmarca en la política migratoria de la administración estadounidense, que busca deportar a migrantes indocumentados a terceros países. De los deportados, tres expresaron su deseo de regresar a sus países de origen, mientras que cuatro optaron por establecerse en Ruanda. El gobierno ruandés proporcionará a estos individuos alojamiento, atención médica y capacitación laboral para facilitar su integración.

El acuerdo posiciona a Ruanda como la tercera nación africana en firmar pactos de deportación con Estados Unidos, uniéndose a Sudán del Sur y Esuatini, con Uganda también habiendo llegado a un principio de acuerdo. La política de deportación a terceros países de la administración estadounidense ha generado un debate internacional.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado serias preocupaciones sobre esta práctica, señalando que plantea interrogantes sobre los derechos fundamentales de los migrantes, especialmente cuando son enviados a países con los que no tienen vínculos. Expertos de la ONU han alertado sobre los riesgos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la posibilidad de desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias en tales casos.

Anteriormente, en julio de 2025, ocho hombres de Sudán del Sur, Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam fueron enviados a Sudán del Sur. Asimismo, cinco ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos fueron deportados a Esuatini, donde permanecen en aislamiento dentro de una prisión. Estos casos subrayan la complejidad y las implicaciones humanitarias de las políticas de deportación a terceros países, generando un escrutinio significativo por parte de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos sobre el impacto en la vida y el bienestar de las personas afectadas.