La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su condena ante las recientes operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos contra individuos presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.
Los relatores de la ONU enfatizaron que el derecho internacional prohíbe explícitamente los asesinatos directos de presuntos narcotraficantes por parte de los gobiernos. Según su comunicado, las actividades delictivas deben ser abordadas mediante investigaciones y procesos judiciales conforme a la ley. Además, señalaron que estos ataques contravienen el derecho marítimo internacional, el cual veda los ataques no provocados contra embarcaciones y exige criterios específicos para la intercepción, priorizando un enfoque de aplicación de la ley sobre uno militar.
Los relatores también destacaron la ausencia de evidencia que respalde la afirmación de que el Tren de Aragua esté organizando una "invasión" contra Estados Unidos por instrucción del gobierno venezolano. Esta alegación fue utilizada por las autoridades estadounidenses para justificar los ataques que resultaron en la muerte de 11 personas el 2 de septiembre y tres más el 15 de septiembre.
La ONU reiteró que el derecho internacional no permite el uso unilateral de la fuerza en el extranjero para combatir el terrorismo o el narcotráfico. Los ataques contra grupos del crimen organizado en el extranjero violarían la soberanía y podrían constituir un uso ilegal de la fuerza bajo la Carta de las Naciones Unidas.
Los relatores que firmaron la declaración incluyen a Ben Saul, relator especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales; y George Katrougalos, relator especial sobre el derecho a un recurso y reparación para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Estas acciones han generado preocupación en la comunidad internacional, que insta a una resolución pacífica en consonancia con el derecho internacional. Expertos en derecho internacional y derechos humanos han señalado que el narcotráfico es un delito, no un acto de guerra, y que los traficantes deben ser arrestados y procesados, no ejecutados sumariamente.
Se ha argumentado que la designación de grupos como el Tren de Aragua como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos estira el significado del término más allá de sus límites, y que la muerte de individuos en estos ataques no los convierte en objetivos militares legítimos, dado que Estados Unidos no está en un conflicto armado con Venezuela ni con la organización criminal. Además, se ha cuestionado la legalidad de estas acciones bajo el derecho marítimo internacional, que reserva la alta mar para fines pacíficos y considera la fuerza como último recurso. La falta de pruebas concluyentes sobre la posesión de drogas o la participación directa en hostilidades contra Estados Unidos complica aún más el análisis legal, sugiriendo que tales ataques podrían violar tanto la prohibición del uso de la fuerza como el derecho a la vida bajo el derecho internacional de los derechos humanos.