Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Brasil se han tensado considerablemente tras recientes declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Leavitt afirmó que el presidente Donald Trump ha impuesto aranceles a Brasil y no descarta el uso de la fuerza militar para defender la libertad de expresión, en el contexto del juicio al expresidente Jair Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.
Estas afirmaciones han generado una fuerte reacción por parte de analistas y del propio gobierno brasileño. Carlos Poggio, especialista en política estadounidense, calificó la declaración de "impetuosa" y sin fundamento, sugiriendo que la amenaza no debería tomarse en serio, atribuyéndola a un lenguaje descuidado por parte de la administración Trump. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, emitió una nota oficial repudiando el uso de sanciones económicas o amenazas militares contra la democracia brasileña, reafirmando que las instituciones del país no serán intimidadas.
Camila Rocha, investigadora y doctora en Ciencia Política, instó a la cautela, advirtiendo que "nada se dice en vano" y sugiriendo que los recursos estratégicos de Brasil podrían ser un punto de fricción, y que la retórica sobre la libertad de expresión podría enmascarar intereses económicos y políticos de Estados Unidos en el país.
El abogado y profesor de derecho Pierpaolo Cruz Bottini consideró la amenaza de fuerza militar como "inexplicable" proveniente de una nación que se autoproclama democrática, subrayando que Brasil no tiene base legal para ceder ante tales presiones y que se requiere una solución diplomática. Gabriel Sampaio, director de la ONG Conectas, enfatizó la gravedad de la declaración, viéndola como un intento de socavar la independencia judicial y la soberanía de Brasil, lo que podría indicar una continuación de delitos relacionados con el intento de golpe de Estado con colaboración extranjera.
Paulo José Lara, codirector ejecutivo de la ONG Article 19, catalogó la amenaza como un paso más en las acciones autoritarias de la administración Trump para desestabilizar el multilateralismo y el orden internacional, expresando preocupación por el creciente acoso en la región y cuestionando la legitimidad de la justificación estadounidense sobre la libertad de expresión como pretexto para intereses políticos, económicos e ideológicos. Lara también señaló las críticas de Estados Unidos por violaciones a la libertad académica y al derecho a la protesta dentro de su propio territorio.
En respuesta a estas tensiones, Brasil ha indicado que está evaluando posibles represalias, incluyendo medidas contra empresas estadounidenses, como la limitación del pago de dividendos o la imposición de impuestos a grandes empresas tecnológicas. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha negado que se estén considerando límites a los dividendos, pero el gobierno brasileño mantiene abiertas las opciones de respuesta, reservándose el derecho a actuar ante las medidas adoptadas por Estados Unidos. Brasil ha reafirmado su postura de no ceder ante presiones externas y defender su soberanía, aunque mantiene la puerta abierta al diálogo para resolver los problemas bilaterales.
La opinión pública brasileña percibe las exigencias de Trump como una intromisión en los asuntos internos del país, lo que ha fortalecido internamente al gobierno. Brasil cuenta con sólidas reservas internacionales y una economía que le otorga margen de maniobra frente a turbulencias externas, lo que le permite adoptar una postura firme ante las presiones.