Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han escalado significativamente, marcando un punto álgido en la disputa por el narcotráfico y la legitimidad política. En una demostración de fuerza, Estados Unidos ha desplegado tres destructores de misiles guiados Aegis en aguas cercanas a Venezuela. Esta maniobra forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para dirigir su atención hacia los cárteles de la droga latinoamericanos, reforzando las operaciones antinarcóticos y una militarización más amplia en la lucha contra estas organizaciones.
Paralelamente, la administración estadounidense ha duplicado la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dólares. La Fiscal General, Pam Bondi, ha acusado directamente a Maduro de colaborar con narcotraficantes, calificándolo como una amenaza a la seguridad nacional. Estas acciones se suman a la incautación por parte de EE. UU. de más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo aviones privados, vehículos de lujo y propiedades.
En respuesta a estas medidas, el presidente Maduro ha anunciado la movilización de más de 4.5 millones de miembros de la milicia para asegurar el territorio nacional. Unidades venezolanas han sido desplegadas en el Mar Caribe, que el Ministro del Interior describió como territorio venezolano. La milicia bolivariana, creada por el expresidente Hugo Chávez, se presenta como una fuerza de defensa popular.
El gobierno venezolano ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos, calificándolas de propaganda política y una muestra de la falta de credibilidad y el fracaso de las políticas estadounidenses en la región. El Ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, señaló que Venezuela ha logrado avances significativos contra el narcotráfico tras la expulsión de la DEA en 2005, y que los datos globales sobre drogas mencionan poco a Venezuela o al supuesto "Cártel de los Soles". Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el epicentro de la actividad se encuentra en Colombia, Ecuador y Perú, con Estados Unidos como principal destino de distribución.
A pesar de estas acciones y las acusaciones, Maduro se mantiene en el poder, habiendo sido reelegido en 2024 en unos comicios que Washington y otros organismos internacionales condenaron. La escalada de medidas por ambas naciones subraya un conflicto geopolítico que entrelaza acusaciones de narcotráfico, militarización y disputas de soberanía, creando un panorama de crecientes tensiones en la región.