Moldavia Extiende la Protección Temporal para Refugiados Ucranianos Hasta Marzo de 2027

El Ministerio del Interior de la República de Moldavia comunicó oficialmente el pasado 9 de diciembre la prórroga del mecanismo de protección temporal destinado a los ciudadanos de Ucrania. Esta extensión se mantendrá vigente hasta el 4 de marzo de 2027. Dicha decisión alinea la política nacional con la directriz europea, la cual fue formalizada mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2025/1460, adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 15 de julio de 2025.

La prolongación de este estatus especial asegura que los ucranianos que residen en territorio moldavo conserven sus derechos sociales y económicos fundamentales. Esto incluye el derecho al alojamiento legal, el acceso al mercado laboral, a los centros educativos y a la asistencia sanitaria. Este régimen excepcional se implementó inicialmente en marzo de 2023 y, hasta la fecha, había sido extendido previamente hasta marzo de 2026. Las autoridades moldavas justificaron esta medida basándose en la persistente y compleja situación humanitaria derivada de las hostilidades en curso, lo cual impide el retorno seguro de millones de ciudadanos ucranianos.

A septiembre de 2025, los datos proporcionados por el Departamento Republicano de Migración indicaban que más de 132.000 refugiados de Ucrania permanecían en el país. De este total, aproximadamente 76.000 personas contaban con el registro oficial bajo el paraguas de la Protección Temporal (PT). Las autoridades de Moldavia han destacado un notable grado de integración económica; de hecho, para septiembre de 2024, cerca del 60% de los refugiados ucranianos ya estaban empleados formalmente. El gobierno ha anunciado su intención de seguir colaborando estrechamente con socios internacionales y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de programas enfocados en la integración y el fomento del empleo.

En el marco de estos esfuerzos de integración, se puso en marcha en junio de 2025 el proyecto denominado «Ciudades y Regiones para Todos (CR4A)». Este proyecto cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y se ejecuta en colaboración con la República Checa, recibiendo cofinanciación de la Unión Europea. Un área prioritaria ha sido la ampliación de las garantías sociales en el ámbito sanitario. Durante la primera mitad de 2025, el acceso para los beneficiarios de la PT se amplió significativamente, incluyendo ahora la compensación por medicamentos, así como apoyo específico para el tratamiento de enfermedades oncológicas y servicios de salud mental. Estas acciones complementan las iniciativas generales de integración, como el lanzamiento de programas específicos para la inserción laboral en el sector agrícola.

La armonización con las normativas europeas, cristalizada en la Decisión del Consejo de la UE, subraya el compromiso de Chisináu con un enfoque unificado en la gestión de los flujos migratorios. Esto abarca el intercambio de información entre los Estados miembros de la UE para evitar la duplicidad de estatus. La República de Moldavia, en su calidad de país candidato, está demostrando un esfuerzo considerable en el apoyo a la población desplazada, reafirmando su dedicación a garantizar condiciones seguras y eficaces para todos los recién llegados.