Rusia ha dado un paso formal en su desvinculación de los compromisos internacionales de derechos humanos al denunciar la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT). El 29 de septiembre de 2025, el Presidente ruso promulgó un decreto que oficializa esta decisión, marcando un cambio en sus obligaciones respecto al trato de personas en lugares de detención. Este acto legislativo sigue a la aprobación unánime del proyecto de ley por la Duma Estatal el 17 de septiembre y su posterior respaldo por el Consejo de la Federación el 24 de septiembre. La denuncia de la convención, firmada originalmente en 1996 y en vigor desde 1998, cesa la participación de Rusia en este acuerdo que estableció el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), organismo encargado de realizar visitas no anunciadas a centros de detención para supervisar las condiciones y prevenir actos de tortura.
La decisión se enmarca en el contexto de la salida de Rusia del Consejo de Europa en 2022, que ha impedido su representación efectiva en el CPT. Según una nota explicativa adjunta al proyecto de ley, Rusia no ha contado con un miembro en el CPT desde 2023 debido a que el Consejo de Europa ha bloqueado el proceso de elección de un nuevo representante ruso, lo que evidencia una creciente desconexión con los mecanismos de supervisión europeos.
A pesar de esta retirada, las autoridades rusas enfatizan que la legislación interna sigue prohibiendo de manera categórica la tortura y los malos tratos. El Artículo 21 de la Constitución de la Federación Rusa consagra la protección de la dignidad personal y prohíbe explícitamente la tortura y tratos crueles. Adicionalmente, en 2022 se introdujeron enmiendas al Artículo 286 del Código Penal ruso, que detallan la definición de "tortura" y establecen responsabilidades claras para su aplicación. Eva Merkacheva, miembro del Consejo de Derechos Humanos bajo la Presidencia de Rusia, ha reiterado que esta denuncia no equivale a una legalización de la tortura en el país, sino que las protecciones domésticas permanecen vigentes.
No obstante, voces como la de Sergey Babinets, líder del "Comité Contra la Tortura", expresan preocupación. Babinets señala que la denuncia de la convención se inscribe en una tendencia más amplia de Rusia a distanciarse de acuerdos internacionales, lo que podría traducirse en una disminución de la supervisión externa sobre el respeto a los derechos humanos. La efectividad de las normativas internas para prevenir y sancionar la tortura será, por tanto, un punto focal de atención en el panorama actual. La relevancia de esta noticia radica en la redefinición de las interacciones de Rusia con las estructuras internacionales de derechos humanos, especialmente en lo concerniente al trato de las personas privadas de libertad. La ausencia del escrutinio del CPT abre un espacio para la reflexión sobre cómo se garantizará la protección de los derechos en los centros de detención, confiando en la fortaleza y aplicación de las leyes nacionales.