Las naciones de África Occidental, Mali, Burkina Faso y Níger, han anunciado su salida coordinada de la Corte Penal Internacional (CPI), calificándola de "instrumento de represión neocolonial" y de "justicia selectiva". Esta decisión marca un punto de inflexión en la relación de estos países con las instituciones de justicia global, reflejando una creciente desconfianza y un giro geopolítico hacia nuevas alianzas.
Los gobiernos militares que asumieron el poder en estos tres países entre 2020 y 2023 han expresado su convicción de que la CPI es incapaz de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y agresión de manera imparcial. Esta crítica no es nueva; ha sido un eco recurrente en el continente africano, donde se señala que la gran mayoría de los casos de la CPI han involucrado a naciones africanas, una estadística que ha alimentado el debate sobre un presunto sesgo anti-africano. Figuras como el presidente de Ruanda, Paul Kagame, han sido vocales en este sentido, cuestionando la equidad del tribunal.
La CPI, establecida en 2002 para juzgar los crímenes más graves cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo, ha enfrentado críticas similares en el pasado, llevando a otros países africanos a considerar o ejecutar retiros, aunque algunos han revertido su decisión. Este movimiento se produce en un contexto de profundos cambios en la región del Sahel. Tras los golpes de Estado, las juntas militares han roto lazos con socios occidentales tradicionales, particularmente con Francia, su antigua potencia colonial. En su lugar, han fortalecido lazos con Rusia, buscando cooperación militar y apoyo. Esta reorientación se ha manifestado también en su salida previa de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), formando una nueva confederación denominada la Alianza de Estados del Sahel (AES).
La creciente cercanía con Rusia, cuyo presidente Vladimir Putin enfrenta una orden de arresto de la CPI, subraya la complejidad de las nuevas dinámicas de poder y seguridad en la región. Como alternativa a la jurisdicción de la CPI, Mali, Burkina Faso y Níger planean establecer "mecanismos indígenas para la consolidación de la paz y la justicia", buscando alinear sus sistemas legales con sus propios valores y soberanía.
Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre grupos de derechos humanos y expertos de la ONU. Advierten que la retirada podría disminuir la supervisión internacional sobre presuntos abusos cometidos tanto por grupos armados no estatales como por las propias fuerzas nacionales, especialmente en un contexto de insurgencia y violencia persistente. Se han documentado acusaciones de crímenes de guerra contra las fuerzas militares y milicias progubernamentales en Mali y Burkina Faso, así como contra grupos islamistas, y las investigaciones nacionales en curso aún no han arrojado conclusiones públicas.
La retirada de estos tres países, aunque anunciada, no será efectiva de inmediato. Según el Estatuto de Roma, la salida de un país de la CPI se materializa un año después de la notificación formal al Secretario General de las Naciones Unidas. No obstante, las investigaciones y casos ya abiertos antes de esa fecha continuarán bajo la jurisdicción de la corte, lo que significa que la CPI aún podría procesar crímenes cometidos en el pasado en estos territorios.