El jueves 20 de noviembre de 2025, Bruselas fue el escenario de una cumbre crucial: la Reunión del Grupo de Donantes de Palestina (PDG). Este encuentro congregó a más de sesenta delegaciones con el objetivo primordial de trazar el marco para la futura administración de la Franja de Gaza y abordar las necesarias reformas dentro de la Autoridad Palestina (AP). La sesión estuvo copresidida por Francia y Arabia Saudita, poniendo el foco en la implementación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, propuesta por los Estados Unidos.
La jornada comenzó con una sesión de altos funcionarios, copresidida por Sannino, Director de la Unidad de Oriente Medio y Norte de África (MENA) de la UE, y Salaméh, Ministro palestino de Planificación y Cooperación Internacional. Posteriormente, el evento ascendió a un segmento ministerial de alto nivel, contando con la participación de la Jefa de la Diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y el Primer Ministro de la AP, Mohammad Mustafa.
El fortalecimiento de la Autoridad Palestina constituyó el eje central de las deliberaciones. Según Jean-Noël Barrot, Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, esta consolidación es indispensable para que la AP pueda asumir las responsabilidades de gobernanza post-conflicto. El bloque europeo, principal sostén financiero de la AP, impulsa su implicación ofreciendo capacitación para 3.000 agentes de policía palestinos. Estos agentes serían fundamentales para garantizar la seguridad en Gaza, en consonancia con el plan estadounidense que contempla la retirada de las tropas israelíes.
Francia, por su parte, reafirmó su compromiso al ofrecer el despliegue de 100 gendarmes para apoyar esta misión de instrucción. Adicionalmente, la Unión Europea insiste en obtener un asiento en el “Consejo de Paz” que supervisa el Presidente estadounidense Donald Trump. También buscan asegurar la provisión de personal de la AP para un comité de carácter tecnocrático y apolítico que se encargaría de la administración de la función pública en Gaza.
No obstante, las posturas sobre la reestructuración de la AP siguen generando fricciones. El apoyo financiero de la Unión Europea está condicionado a profundas modificaciones estructurales. Entre estas exigencias se encuentran la derogación del llamado “fondo de mártires” y la revisión de los textos educativos, puntos que también son respaldados por Washington como prerrequisitos para la transferencia de competencias de gestión. En contraste marcado, Israel mantiene una postura inflexible, rechazando categóricamente cualquier papel de la Autoridad Palestina en la administración del enclave gazatí.
En medio de estos esfuerzos diplomáticos, Hamás, que previamente había dado su visto bueno a la primera fase de un plan de 20 puntos en octubre, emitió una condena a la resolución del Consejo de Seguridad, manifestando su negativa a desarmarse. Este escenario complica el camino hacia una solución concertada.
La AP, que ejerce una administración semiautónoma en Cisjordania, tiene el firme propósito de consolidarse como actor principal en la gobernanza de Gaza tras el conflicto. Para respaldar esta aspiración, la AP presentó a sus socios internacionales el plan GRRIP, un proyecto quinquenal para la reconstrucción de Gaza valorado en 67.000 millones de dólares, abarcando 18 sectores clave. La fase inicial de este plan contempla una inyección de ayuda de emergencia por valor de 3.500 millones de dólares durante los primeros seis meses.
Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, ya había expresado su respaldo a esta hoja de ruta, señalando que una paz duradera generaría un “dividendo de paz para todos”. A pesar de estos planes ambiciosos, la situación financiera de la AP se ve agravada por la retención de ingresos aduaneros por parte de Israel, una suma que asciende a cerca de tres mil millones de dólares, según indicó Amal Jadou, Embajadora Palestina en Bruselas.
La cita en Bruselas funciona como un eslabón en la cadena de iniciativas iniciadas tras la reciente conferencia en Nueva York. Subraya el interés internacional en estabilizar la región mediante reformas y estructuras de gobernanza, trascendiendo la mera asistencia humanitaria. La UE también está sopesando la ampliación de su misión de monitoreo fronterizo civil en Rafah. La discusión del 20 de noviembre se perfila como un paso fundamental en el intento de establecer una alternativa legítima para gobernar Gaza, a pesar de las resistencias explícitas de Israel y Hamás.