El 20 de agosto de 2025, la administración Trump intensificó su postura contra la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer sanciones a cuatro de sus funcionarios. La medida congela cualquier activo estadounidense en posesión de los individuos y restringe sus transacciones financieras, en respuesta a las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por nacionales estadounidenses e israelíes.
Los funcionarios sancionados incluyen a los jueces Nicolas Yann Guillou de Francia y Kimberly Prost de Canadá, así como a los fiscales Nazhat Shameem Khan de Fiyi y Mame Mandiaye Niang de Senegal. El Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la decisión, calificando a la CPI como una "amenaza a la seguridad nacional" y un "instrumento de lawfare" contra Estados Unidos e Israel. Rubio afirmó que estos individuos han participado activamente en esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a nacionales de Estados Unidos o Israel sin el consentimiento de ninguna de las naciones.
La CPI había emitido previamente órdenes de arresto en noviembre de 2024 contra el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamás, Ibrahim al-Masri, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el conflicto de Gaza. Específicamente, el juez Guillou presidió la sala que autorizó las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, mientras que Prost fue sancionada por autorizar una investigación sobre personal estadounidense en Afganistán. Las fiscales Khan y Niang fueron sancionadas por respaldar estas acciones.
Esta acción representa una escalada significativa en las tensiones entre Estados Unidos y la CPI, siguiendo una política similar iniciada en junio de 2025 cuando se sancionó a otros cuatro jueces de la corte. La administración Trump sostiene que estas medidas son necesarias para proteger la soberanía estadounidense y a sus aliados frente a lo que considera acciones "ilegítimas y infundadas" de la CPI.
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. La CPI condenó las sanciones como un "ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial", mientras que organizaciones de derechos humanos han expresado que estas medidas socavan el estado de derecho internacional y el acceso a la justicia para las víctimas. Israel, por su parte, ha acogido con satisfacción las sanciones, considerándolas un respaldo a su posición. Este desarrollo subraya la persistente divergencia entre Estados Unidos y sus aliados sobre la jurisdicción y el papel de la CPI en la rendición de cuentas por crímenes de guerra, planteando interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional en materia de justicia.