En el cuarto aniversario del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, el 15 de agosto de 2025, el país se encuentra en una encrucijada marcada por celebraciones oficiales en Kabul, pero también por la persistente represión de los derechos de las mujeres y niñas, protestas y la creciente presión internacional.
Mientras el régimen talibán organizaba actos públicos, las mujeres fueron excluidas de estos eventos. Desde su toma de control en agosto de 2021, los talibanes han impuesto una interpretación estricta de la ley islámica que ha desmantelado sistemáticamente los derechos de las mujeres y niñas. La educación para las niñas se limita a la escuela primaria y la mayoría de los empleos están vedados para ellas. El líder talibán, Hibatullah Akhundzada, instó a la gratitud por el gobierno islámico, advirtiendo contra la ingratitud, mientras que el portavoz Zabihullah Mujahid afirmó que los derechos de las mujeres se salvaguardan conforme a la Sharia. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que aproximadamente el 85% de los afganos viven con menos de un dólar al día.
En un desarrollo significativo, en julio de 2025, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani. Los cargos se basan en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por persecución de género. El fiscal de la CPI, Karim Khan, había solicitado las órdenes en enero de 2025, argumentando que las mujeres y niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, enfrentan una persecución "sin precedentes, inconcebible y continua". Los jueces de la CPI encontraron motivos razonables para creer que ambos líderes son responsables de ordenar, inducir o solicitar la persecución por motivos de género.
El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, ha declarado que el sistema institucionalizado de discriminación de género de los talibanes constituye en sí mismo un ataque generalizado y sistemático contra toda la población civil afgana, calificándolo como crimen de lesa humanidad. La organización Purple Saturdays Movement, un grupo de protesta liderado por mujeres afganas, aplaudió las órdenes de arresto, pero advirtió que la falta de aplicación podría intensificar la represión. Las protestas contra las severas restricciones se han manifestado en lugares como la provincia de Takhar y en Islamabad, Pakistán.
A pesar de la condena internacional y las acciones legales, el régimen talibán ha declarado que no reconoce la autoridad de la CPI y no cumplirá sus órdenes. La situación subraya la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en Afganistán, donde la lucha por la dignidad y la igualdad continúa en un entorno de creciente opresión.