En un inusual giro diplomático, Estados Unidos ha ejecutado la deportación de 120 ciudadanos iraníes, marcando el inicio de un plan más amplio para remover a aproximadamente 400 iraníes del territorio estadounidense. Los deportados fueron transportados desde Luisiana la noche del lunes, con llegada prevista a Irán vía Qatar el martes. Este acuerdo de deportación es el resultado de meses de negociaciones entre Washington y Teherán, naciones con una relación históricamente tensa.
La cooperación bilateral se alinea con la política de inmigración de la administración Trump, que ha buscado activamente acuerdos con diversos países para facilitar la deportación de ciudadanos. Hossein Noushabadi, director general de asuntos parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, enfatizó la importancia de que Estados Unidos respete los derechos de los migrantes iraníes, señalando que algunos de los repatriados poseían permisos de residencia válidos.
Si bien algunos iraníes habrían aceptado regresar voluntariamente tras pasar meses en centros de detención, otros fueron incluidos en la lista de deportación. La política migratoria de Trump ha sido objeto de debate, y este evento subraya la complejidad de las relaciones internacionales y los desafíos en la gestión de la migración irregular. A pesar de las tensiones geopolíticas, la identificación de intereses comunes, como la gestión de flujos migratorios, puede abrir vías para la colaboración pragmática entre adversarios.
La deportación de estos 120 iraníes representa un paso concreto en la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump, a pesar de las preocupaciones sobre los derechos humanos en Irán. La política de Trump ha incluido medidas como la aceleración de deportaciones y la disminución de la entrada permanente, buscando acuerdos con países para aceptar deportaciones.