Uganda ha confirmado un acuerdo con Estados Unidos para albergar temporalmente a migrantes deportados de terceros países, revirtiendo una negativa inicial. Este pacto, parte de la política de inmigración del presidente Donald Trump, permite a Washington transferir a solicitantes de asilo rechazados que no desean regresar a sus países de origen.
Kampala ha establecido condiciones claras para el acuerdo: no se aceptarán menores no acompañados ni personas con antecedentes penales. Uganda también ha expresado una preferencia por recibir migrantes de origen africano. La administración estadounidense ha estado buscando activamente acuerdos similares con naciones de todo el mundo como parte de su estrategia para controlar la inmigración ilegal.
La decisión de Uganda de participar en este controvertido acuerdo se produce en un momento en que el país ya enfrenta desafíos significativos en cuanto a recursos y apoyo a su considerable población de refugiados. Uganda es el mayor país de África en acoger refugiados, albergando a aproximadamente 1.93 millones de personas, principalmente de Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha advertido que los fondos de emergencia para refugiados en Uganda se agotarán en septiembre de 2025, lo que podría afectar gravemente los programas de ayuda. Se estima que el costo de atender las necesidades de un refugiado en Uganda es de aproximadamente 16 dólares por mes, pero con solo el 25% de los fondos necesarios disponibles, la ACNUR solo podrá proporcionar 5 dólares por persona mensualmente.
Este acuerdo ha generado preocupación entre los grupos de derechos humanos, quienes señalan el historial de Uganda en materia de derechos humanos, incluyendo leyes anti-LGBTIQ+ restrictivas y represión política, según informes del Departamento de Estado de EE. UU. La inclusión de Uganda en este tipo de acuerdos subraya la complejidad de la gestión migratoria global y las presiones a las que se enfrentan los países anfitriones.
El acuerdo, que se describe como temporal, posiciona a Uganda entre un pequeño grupo de naciones africanas que colaboran con Washington en este aspecto de la política de inmigración, una decisión que sin duda tendrá importantes repercusiones diplomáticas. Uganda tiene una larga historia de acogida de refugiados, que se remonta a la Segunda Guerra Mundial con refugiados polacos. El país ha sido elogiado por su política progresista de puertas abiertas hacia los refugiados, permitiéndoles trabajar y acceder a servicios públicos. Sin embargo, la afluencia constante de nuevos refugiados y la falta de financiación internacional amenazan este modelo. La situación actual pone de relieve la necesidad de un apoyo internacional sostenido para garantizar la dignidad y el bienestar tanto de los refugiados existentes como de los nuevos migrantes que puedan llegar bajo este acuerdo.