Miles de brasileños salieron a las calles de diversas ciudades el 21 de septiembre de 2025 para manifestar su rechazo a dos iniciativas legislativas que consideran perjudiciales para la justicia y la democracia: la "Ley de Bandidos" y una propuesta de amnistía para los implicados en los disturbios del 8 de enero de 2023.
Las protestas, que abarcaron más de una docena de ciudades, incluyendo puntos neurálgicos como la Explanada de los Ministerios y la playa de Copacabana en Río de Janeiro, reflejan una profunda división en el país. La "Ley de Bandidos", cuyo nombre técnico es Proyecto de Ley de Blindaje, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de septiembre de 2025. Esta medida busca ampliar la inmunidad de los legisladores, requiriendo que el Congreso autorice cualquier proceso penal contra diputados y senadores mediante un voto secreto. Los críticos, incluyendo al fiscal de San Pablo Roberto Livianu, advierten que esta ley podría facilitar la infiltración del crimen organizado en el parlamento y crear una "alfombra roja al crimen organizado", al dificultar la investigación de delitos graves cometidos por parlamentarios. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el crimen organizado se afiance en sectores de la economía.
Paralelamente, la indignación ciudadana se intensificó con la tramitación de un proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro condenados por su participación en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023. Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración para anular las elecciones de 2022, podría verse directamente beneficiado por esta medida, a pesar de que algunos juristas consideran que una amnistía para hechos de esta naturaleza sería inconstitucional. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha declarado que vetará cualquier ley de amnistía que llegue a su despacho, argumentando que los delitos por los que Bolsonaro fue condenado no tienen carácter político.
Las manifestaciones contaron con la participación de figuras prominentes de la cultura brasileña, como los músicos Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, quienes ofrecieron conciertos en Copacabana como parte de las protestas. Estos artistas, con una larga trayectoria de activismo político, se unieron a miles de ciudadanos que coreaban consignas como "No a la amnistía". La polarización política se hace evidente en las diferentes posturas: mientras críticos y manifestantes ven la "Ley de Bandidos" como una protección para delincuentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, la defiende como una salvaguarda contra abusos judiciales. Por su parte, el senador Flavio Bolsonaro ha abogado por la amnistía como una forma de "pasar página" y "traer paz a Brasil".
La situación política en Brasil se mantiene tensa, con debates legislativos que ponen a prueba el equilibrio entre el poder judicial y el legislativo, y la capacidad del país para responder a los desafíos de la justicia y la rendición de cuentas en un contexto de profunda división política. La aprobación de la "Ley de Bandidos" por la Cámara de Diputados, con el apoyo de diversos sectores políticos, incluyendo algunos del partido del presidente Lula, subraya la complejidad de las alianzas y las negociaciones en el Congreso. El debate sobre la amnistía y la inmunidad legislativa se desarrolla en un momento crucial para la democracia brasileña, donde la opinión pública, expresada en las calles y a través de figuras culturales influyentes, demanda transparencia y justicia.