El año 2025 marca un periodo de profunda complejidad para la región de África Oriental, caracterizado por un notable retroceso de las normas democráticas y la consolidación de tendencias autoritarias. Este panorama está generando una significativa inestabilidad socioeconómica. Si bien Mauricio y las Islas Seychelles se mantienen como baluartes de relativa estabilidad, la parte continental de la región se ve asediada por graves desafíos que socavan los cimientos de la vida pública. Este cambio en la gobernanza obliga a las poblaciones a reflexionar sobre cómo fortalecer los pilares internos para alcanzar un desarrollo sostenible, especialmente cuando las referencias externas fallan.
En el caso de Tanzania, las esperanzas iniciales depositadas en la presidenta Samia Suluhu Hassan, tras la salida de John Magufuli, se han desvanecido ante un endurecimiento del control estatal. Se han revertido las concesiones para las reuniones de la oposición y la libertad de prensa ha sido restringida. Los informes indican que más de 500 partidarios de la oposición han sido detenidos desde el año 2021. La situación en Uganda es igualmente tensa bajo el liderazgo inquebrantable de Yoweri Museveni, cuyo gobierno se sustenta en el clientelismo en lugar de la rendición de cuentas. Human Rights Watch documentó 74 casos de detenciones y torturas a políticos opositores solo durante el año 2024. Este aparato represivo conlleva un coste económico directo: la inversión extranjera directa (IED) en Uganda experimentó una contracción del 15% entre 2020 y 2024, lo que corrobora indirectamente las conclusiones del Banco Mundial sobre la correlación entre el control estatal estricto y la fuga de capitales.
Mientras tanto, Kenia atraviesa un preocupante deslizamiento democrático, evidenciado por la dura respuesta gubernamental a las protestas juveniles. Estas manifestaciones fueron motivadas por el elevado coste de la vida y las repercusiones del Proyecto de Ley Financiera de 2024. Durante estos sucesos, se registraron incidentes de vigilancia y secuestro de activistas. Las expectativas de democratización en Etiopía, ligadas al primer ministro Abiy Ahmed, se han extinguido en medio de conflictos internos. Desde 2020, estos conflictos han desencadenado una crisis migratoria, forzando a más de un millón de refugiados a buscar refugio en Kenia y Sudán. Estos acontecimientos subrayan la conexión intrínseca entre la estabilidad política y la seguridad humanitaria.
Los analistas, como Kim Heller, advierten que si la trayectoria actual persiste, los líderes contemporáneos serán recordados como “despiadados dictadores de regímenes opresivos”, en lugar de constructores de un continente libre. El Instituto Varieties of Democracy (V-Dem) proyecta que para el año 2030, más del 70% de la juventud de África Oriental podría encontrarse bajo el yugo de autocracias. De hecho, V-Dem clasifica a Kenia como una “zona gris” al borde de la autocracia. Reflejando esta preocupación, el líder opositor tanzano Tundu Lissu declaró en septiembre de 2025 que: “El espacio para la disidencia se reduce cada día”.
Ante este escenario, surge la imperiosa cuestión del papel de las estructuras regionales. ¿Cómo pueden organizaciones como la Comunidad de África Oriental (EAC), fundada en 1967 y revitalizada en 2000, y la Unión Africana (UA), evolucionar desde un principio de “no injerencia” hacia la adopción de medidas efectivas contra la represión estatal? Es fundamental que se restablezca la jurisdicción del Tribunal de Justicia de África Oriental en materia de elecciones y derechos humanos. En un contexto donde las instituciones regionales muestran inercia, la resistencia y la postura activa de la juventud, que aspira a una mayor responsabilidad y armonía en la gobernanza, representan el potencial real para redefinir el futuro de la región y evitar un mayor deterioro de la situación.