Las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un "ataque letal" contra una embarcación cargada de drogas que zarpó desde Venezuela, en el sur del mar Caribe. La operación, confirmada por el Secretario de Estado Marco Rubio, se dirigió contra una embarcación operada por una organización designada como "narco-terrorista". Este incidente subraya la intensificación de la presencia marítima estadounidense en la región, como parte de una estrategia más amplia para contrarrestar a los cárteles de drogas latinoamericanos.
El despliegue naval estadounidense incluye siete buques de guerra, entre ellos el USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, complementado por un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4.500 efectivos. La inteligencia se refuerza con el uso de aviones de vigilancia P-8. Esta movilización, una de las más significativas en el Caribe en años recientes, se produce en un contexto de acusaciones directas de narcotráfico contra el gobierno venezolano.
En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha incrementado el despliegue de tropas en su territorio y ha convocado a alistamientos de milicias, acusando a Estados Unidos de fabricar una narrativa de narcotráfico con el fin de desestabilizar a su gobierno. Maduro ha calificado el despliegue naval como una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal". Estados Unidos, por su parte, ha reiterado que no tiene intenciones de realizar una operación terrestre en Venezuela.
Las acciones de Estados Unidos se enmarcan en una política más amplia iniciada en agosto de 2025, cuando se anunció el despliegue de fuerzas aéreas y navales para enfrentar las crecientes amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos. Grupos como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua han sido señalados como objetivos. La administración Trump ha clasificado a estas organizaciones como terroristas globales, justificando una respuesta militar más directa para interrumpir las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La situación ha generado diversas reacciones en la región. Mientras algunos países han expresado preocupación por la soberanía, otros han mostrado disposición a colaborar. El incidente pone de manifiesto la complejidad de las operaciones antidrogas y las tensiones geopolíticas en el Caribe, una zona clave para el tránsito de estupefacientes.