La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha marcado un hito significativo en la protección de los ecosistemas marinos con la entrada en vigor de su histórico acuerdo para prohibir las subvenciones pesqueras perjudiciales, conocido como «Pez Uno» (Fish One). Este tratado, objeto de más de dos décadas de negociaciones, se convirtió en una realidad vinculante a partir del 15 de septiembre de 2025, tras la ratificación de 111 estados miembros, incluyendo adhesiones clave de Brasil, Kenia, Tonga y Vietnam. El acuerdo representa la primera iniciativa multilateral de la OMC centrada en la sostenibilidad ambiental desde 2017, señalando un cambio de paradigma en la forma en que el comercio internacional aborda los desafíos ecológicos.
«Pez Uno» prohíbe explícitamente las subvenciones gubernamentales que fomentan la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como aquellas destinadas a la explotación de poblaciones de peces ya sobreexplotadas o a la pesca en aguas internacionales no reguladas. La implementación de estas normativas exige que las naciones ratificantes proporcionen datos detallados sobre sus flotas, capturas e información de subvenciones, promoviendo una mayor transparencia en el sector pesquero global. Este esfuerzo colectivo busca mitigar el impacto devastador de las subvenciones que, según estimaciones, ascienden a miles de millones de dólares anuales, alimentando la sobrepesca y el agotamiento de los recursos marinos.
Expertos y organizaciones conservacionistas ven este acuerdo como un avance crucial, aunque subrayan que es solo el comienzo de un camino más largo. Daniel Skerritt de Oceana lo describe como un punto de partida, enfatizando la necesidad de un trabajo continuo. El Profesor Rashid Sumaila, también de Oceana, señala que «Pez Uno» por sí solo no detendrá los miles de millones en subvenciones que impulsan la sobrepesca y la sobrecapacidad. La comunidad científica y ambientalista coincide en que, si bien este tratado sienta una base fundamental, la verdadera transformación requerirá la conclusión de las negociaciones para un «Pez Dos», que aborde las subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad y la sobrepesca.
Las implicaciones económicas y sociales de este acuerdo son profundas, especialmente para las naciones en desarrollo y las comunidades que dependen de la pesca. Para África, donde la pesca ilegal representa pérdidas anuales de al menos 11.200 millones de dólares, el tratado ofrece un respiro al disminuir la presión ejercida por flotas extranjeras fuertemente subvencionadas. Se ha establecido un fondo, con más de 18 millones de dólares comprometidos, para asistir a los países en desarrollo y menos adelantados en la implementación de estas nuevas obligaciones. Este apoyo es vital para garantizar que los pequeños pescadores puedan competir de manera más justa y que la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de millones de personas se vean protegidos y fortalecidos.
Sin embargo, el futuro de la sostenibilidad pesquera global pende de la conclusión exitosa de las negociaciones para «Pez Dos», las cuales permanecen estancadas debido a divisiones entre los estados miembros sobre las subvenciones que impulsan la sobrecapacidad y la sobrepesca. Si no se logra un consenso en los próximos cuatro años, el acuerdo «Pez Uno» podría incluso caducar. La comunidad internacional observa con expectación si se podrá mantener el impulso y superar las divergencias para consolidar un marco regulatorio verdaderamente protector de los océanos. En esencia, la entrada en vigor de «Pez Uno» es un testimonio de la capacidad de cooperación global para abordar desafíos ambientales apremiantes, representando una oportunidad para reorientar las políticas hacia la salud de los océanos y la prosperidad de las comunidades pesqueras, sentando las bases para una gestión más responsable de los recursos marinos.