Un hito crucial para la gobernanza oceánica se ha alcanzado con la ratificación del Tratado de Alta Mar, conocido formalmente como el Acuerdo sobre la Diversidad Biológica más allá de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ). Sesenta naciones han depositado sus instrumentos de ratificación, lo que activa su entrada en vigor el 17 de enero de 2026. Este tratado establece por primera vez un marco legal para la protección de las aguas internacionales, que cubren dos tercios del océano mundial.
La ratificación de Marruecos el 20 de septiembre de 2025, marcó el inicio de la cuenta regresiva de 120 días para la entrada en vigor del acuerdo. Este tratado aborda aspectos fundamentales como los recursos genéticos marinos, las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de áreas marinas protegidas (AMPs). La Unión Europea y seis de sus estados miembros ratificaron conjuntamente el tratado, representando la mayor ratificación colectiva hasta la fecha.
La entrada en vigor del tratado facilitará el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar, contribuyendo al objetivo global de proteger el 30% del planeta para 2030. Se espera que la primera Conferencia de las Partes (COP) se celebre dentro del año siguiente a la entrada en vigor del tratado para guiar su implementación operativa. El tratado, resultado de casi dos décadas de negociaciones, también busca mejorar la equidad para los países en desarrollo mediante el acceso al conocimiento y la tecnología, asegurando la distribución equitativa de los beneficios de los recursos genéticos marinos.
La Unión Europea ha comprometido 40 millones de euros para apoyar a las naciones en desarrollo en la preparación para los requisitos del tratado. A pesar de este avance significativo, la fortaleza del pacto aún depende de la ratificación de potencias importantes como China, Rusia y Japón, quienes aún no han ratificado el acuerdo. La implementación efectiva, financiación y aplicación del tratado son los próximos pasos críticos para asegurar la protección de los ecosistemas marinos y la biodiversidad que sustentan la vida en nuestro planeta.
El tratado también requiere que las actividades económicas en alta mar, como la minería de aguas profundas, presenten evaluaciones de impacto ambiental, asegurando prácticas sostenibles y minimizando el daño a los frágiles ecosistemas marinos. El éxito del tratado dependerá de un diálogo transparente y una colaboración efectiva entre todos los actores oceánicos, desde la pesca hasta la minería.