La Cámara de la Industria Textil Argentina (CIAI) está elaborando una propuesta legislativa para regular a los gigantes internacionales del fast fashion, como Shein y Temu, debido a su considerable impacto en las ventas de la industria textil nacional.
La iniciativa busca imponer requisitos más estrictos a los sistemas de compra directa al consumidor, que, según los representantes del sector, operan en condiciones de competencia desleal frente a la producción local. Esta propuesta se inspira en regulaciones ya implementadas en otros países, como Francia, que ha introducido impuestos ecológicos y prohibiciones publicitarias para el ultra fast fashion.
La propuesta argentina contempla la exigencia de certificados de origen, auditorías ambientales, controles de toxicidad de materiales y una revisión de las tarifas e impuestos aplicados a estas plataformas. Shein y Temu han experimentado un crecimiento exponencial en América Latina, alcanzando más de 105 millones de usuarios, según datos de Sensor Tower. Esta expansión está ejerciendo una presión considerable sobre la industria textil argentina.
El sector ya observa un notable aumento en las importaciones de prendas de vestir de origen extranjero: el 67% de las prendas vendidas a nivel nacional y el 75% en centros comerciales provienen del exterior. En los primeros cinco meses de 2025, Argentina importó casi 253 millones de dólares en ropa, lo que representa un aumento del 7% en valor y un impresionante incremento del 186% en volumen interanual. Esta tendencia, sumada a la recesión económica y al aumento del costo del dólar, genera preocupación por la transparencia de las cadenas de suministro de las plataformas extranjeras.
La medida argentina se enmarca en un contexto regional más amplio de adopción de políticas proteccionistas. Países como México, Ecuador, Chile, Uruguay y Colombia ya han implementado o están considerando estrategias similares, incluyendo tarifas e impuestos más elevados, para proteger sus industrias locales del flujo de ropa de bajo costo y producción rápida. Esta tendencia refleja una creciente preocupación global por las prácticas ambientales y laborales asociadas al ultra fast fashion, con numerosas ONG que denuncian el consumo excesivo de agua, la contaminación química y las precarias condiciones laborales en los centros de producción.
Análisis de expertos y estudios económicos resaltan los desafíos críticos que plantea la expansión de las plataformas de ultra fast fashion. Informes de organizaciones como Fundación ProTejer en Argentina indican que un porcentaje significativo de empresas textiles locales ha registrado una caída en sus ventas, una reducción en la producción y una disminución del empleo. Este escenario se atribuye a la incapacidad de los productores locales para competir con los precios agresivos y los volúmenes elevados ofrecidos por los gigantes internacionales.
El debate se centra en la necesidad de equilibrar el acceso de los consumidores a bienes asequibles con la urgencia de sostener el empleo nacional, preservar las capacidades productivas locales y garantizar estándares éticos de producción. El actual pico de importaciones, especialmente en términos de volumen, subraya la vulnerabilidad del mercado argentino ante estos actores globales, haciendo necesaria una respuesta estratégica para proteger el tejido económico del país.
La CIAI tiene la intención de promover el consenso para la propuesta de ley a través de la colaboración con partidos políticos y sectores productivos, con el fin de construir un amplio apoyo para una normativa que aborde eficazmente los múltiples desafíos que presenta la industria del fast fashion.