La Comisión Europea ha presentado una propuesta para la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel, medida que implicaría la imposición de aranceles a un 37% de las exportaciones israelíes al bloque. Esta iniciativa surge como respuesta a las operaciones militares israelíes en Gaza y al elevado número de víctimas civiles. La propuesta también contempla sanciones contra los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, además de colonos violentos y diez miembros de Hamás, por incitar a la violencia y por su implicación en la escalada de violencia en la Franja.
Para que estas medidas entren en vigor, se requiere el apoyo de los Estados miembros de la UE. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha enfatizado que el objetivo de estas acciones es ejercer la máxima presión sobre el gobierno israelí. Previamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había instado a Europa a ejercer presión sobre el gobierno de Netanyahu para cesar sus operaciones en Gaza.
Las exportaciones israelíes a la UE alcanzaron aproximadamente 15.900 millones de euros en 2024, consolidando a la UE como el principal socio comercial de Israel. La suspensión del acuerdo comercial necesita una mayoría cualificada de los Estados miembros, mientras que las sanciones individuales requieren unanimidad. Sin embargo, países como Alemania, Austria, Hungría y República Checa han expresado reservas, complicando la obtención de los apoyos necesarios. Alemania, en particular, aún no ha formado una opinión definitiva sobre este asunto, aunque la opinión pública en el país apoya en gran medida la introducción de sanciones contra Israel.
La Comisión basa su propuesta en una revisión que concluye que Israel ha incumplido el Artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel, el cual estipula el respeto por los derechos humanos y los principios democráticos. Esta propuesta se produce en un contexto de creciente presión internacional y condena por la situación humanitaria en Gaza, que un comité de investigación de la ONU ha calificado como genocidio, una acusación que Israel refuta.
En caso de ser aprobadas, las sanciones individuales implicarían la congelación de activos y la prohibición de entrada a la UE para los ministros Smotrich y Ben-Gvir, así como para los colonos violentos y los miembros de Hamás designados. Adicionalmente, la Comisión propone suspender la cooperación institucional con Israel en áreas como energía y gestión de datos, lo que paralizaría proyectos europeos en Israel con una pérdida estimada de 14 millones de euros. No obstante, la financiación de la UE para la lucha contra el antisemitismo y los proyectos de paz entre israelíes y palestinos se mantendría. El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, expresó su preocupación, calificando la propuesta de la UE como un "paso sin precedentes" y un intento de dañar al país en un momento de guerra. Israel ha manifestado su intención de responder a cualquier medida que adopte la UE.