La Comisión Europea Impulsa una Reforma Profunda de las Pensiones Complementarias en el Marco de la Estrategia de Mercados de Capitales

El 20 de noviembre de 2025 marca una fecha clave, pues la Comisión Europea dio luz verde a una serie de propuestas legislativas diseñadas para transformar radicalmente el sistema de pensiones complementarias. Esta iniciativa constituye el núcleo de la ambiciosa Estrategia de la Unión de Mercados de Capitales e Inversión (SIU), lanzada a principios de ese mismo año. El propósito fundamental de estas reformas es liberar una cantidad sustancial de capital gestionado por los fondos de pensiones, canalizándolo hacia la financiación de la economía europea y, simultáneamente, mejorando la rentabilidad a largo plazo de los ahorros de los ciudadanos.

La magnitud del capital en juego es considerable: los activos administrados por los fondos de pensiones en el Espacio Económico Europeo (EEE) se estiman en unos 4,9 billones de dólares estadounidenses. Este volumen subraya el impacto potencial que tendrán las medidas propuestas. El paquete de reformas abarca la totalidad del EEE y se centra específicamente en la revisión de la Directiva IORP II y el Reglamento PEPP. Los principales actores involucrados en este proceso son la Comisión Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Ocupación (EIOPA), el Parlamento Europeo y el Consejo.

La Comisión sostiene que estas acciones proporcionarán nuevas vías de financiación y aumentarán el rendimiento a largo plazo para los europeos. Esto se logrará abordando la necesidad de diversificar las inversiones de pensiones más allá de los límites regulatorios actuales. El contexto de estas modificaciones está intrínsecamente ligado a la Estrategia SIU, cuyo objetivo es complementar el Mercado Único de bienes y pivotar el financiamiento desde el sector bancario hacia el financiamiento basado en mercados a largo plazo, emulando el modelo predominante en los Estados Unidos. Los analistas señalan que en Europa persiste una fuerte inercia hacia el ahorro doméstico, una tendencia que se ve exacerbada por las barreras normativas existentes.

Un aspecto crucial de la reforma es la clarificación del «principio de la persona prudente» (prudent person principle). El objetivo es incentivar a los gestores a asumir riesgos calculados en inversiones de capital social a largo plazo. Además, se buscan modificaciones en el Reglamento PEPP, especialmente la sustitución de los límites estrictos de costes por una evaluación basada en la «relación calidad-precio» (value-for-money). Se espera que este cambio impulse una mayor adopción del Producto Europeo de Pensiones Individuales (PEPP) por parte de los ciudadanos. Cabe recordar que el PEPP fue adoptado en 2019 y su aplicación efectiva comenzó en marzo de 2022.

No obstante, la Comisión ha manifestado su intención de presionar a los Estados miembros para que implementen reformas pensionales, amenazando con restringir el acceso a 2 billones de euros en financiación presupuestaria para el periodo 2028–2034 si no se acatan las recomendaciones. Esta postura genera cierto escepticismo político, dado que la política de pensiones no figura formalmente entre las competencias directas de la CE. Este recelo se fundamenta en datos del año 2023: el 80% de los jubilados en la UE dependían exclusivamente de la pensión estatal, y una quinta parte de las personas mayores de 65 años enfrentaba riesgo de pobreza, lo que suma 18,5 millones de individuos. Si bien la CE no impondrá una edad de jubilación, su meta es clara: establecer sistemas amplios de ahorro privado siguiendo el patrón estadounidense.