El presidente Donald Trump ha instruido al Departamento de Comercio para que inicie un nuevo censo de población que excluya a los inmigrantes indocumentados. Esta medida busca alterar la distribución de la representación en el Congreso y la asignación de recursos federales.
En una declaración en la plataforma Truth Social, Trump afirmó que el censo debe reflejar "hechos y cifras actuales" y utilizar datos de las elecciones presidenciales de 2024. Subrayó que las personas que se encuentran en el país ilegalmente "NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO". Tradicionalmente, el censo de EE. UU. cuenta a todos los residentes independientemente de su estatus migratorio, lo cual es crucial para determinar la representación en el Congreso y la distribución de fondos federales, estimados entre 675 mil millones y 1.5 billones de dólares anuales.
La exclusión de inmigrantes indocumentados podría afectar significativamente a estados con grandes poblaciones inmigrantes, como California, Texas y Nueva York. Un análisis de Pew Research Center de 2020 sugirió que la exclusión de inmigrantes indocumentados del censo de ese año habría resultado en que Texas, California y Florida perdieran un escaño en el Congreso cada uno. La iniciativa de Trump se produce en medio de debates sobre la redistribución electoral, particularmente en Texas. Expertos legales señalan que la exclusión de inmigrantes indocumentados del censo puede enfrentar desafíos constitucionales, ya que la Constitución de EE. UU. requiere el recuento de "todas las personas en cada estado" para fines de reparto. En 2019, la Corte Suprema bloqueó un intento de agregar una pregunta de ciudadanía al censo, considerándolo ilegal.
La medida de Trump ocurre durante un período de desaceleración demográfica, con la población inmigrante en EE. UU. aumentando en 1.6 millones de personas entre 2022 y 2023, según el Migration Policy Institute (MPI). En 2023, residían 47.8 millones de inmigrantes en los Estados Unidos, con casi el 75% en el país legalmente como ciudadanos naturalizados, residentes permanentes legales o con visas temporales.
La decisión de Trump de alterar la metodología del censo y excluir a los inmigrantes indocumentados está generando intensos debates sobre su legalidad y las posibles implicaciones políticas y sociales de este cambio.