El gobierno de Estados Unidos se encuentra al borde de un posible cierre, una situación que no se veía en siete años, debido a profundas divergencias entre los partidos Republicano y Demócrata respecto al gasto en sanidad y las finanzas generales del país.
La Cámara de Representantes, bajo control Demócrata, aprobó por un estrecho margen una Resolución Continua a corto plazo, destinada a mantener la financiación gubernamental en sus niveles actuales hasta el 21 de noviembre. Este período de siete semanas busca ofrecer un espacio crucial para que los legisladores alcancen un consenso sobre las medidas de gasto anuales. El Senado requiere una mayoría de 60 votos para aprobar un proyecto de gasto temporal sin el apoyo Demócrata, un umbral que los Republicanos, con su mayoría de 53-47, enfrentan como un desafío significativo.
Las cumbres entre líderes del Congreso y el Presidente Donald Trump, celebradas el 29 de septiembre, no lograron avances sustanciales. La inminencia del cierre se cierne sobre el país, con la fecha límite fijada para la medianoche del 30 de septiembre, momento a partir del cual el gobierno cesaría sus operaciones el 1 de octubre si no se alcanza un acuerdo. Los Republicanos insisten en la aprobación de un proyecto de ley "limpio" que mantenga la financiación en los niveles actuales, atribuyendo a los Demócratas la responsabilidad de empujar al país hacia un cierre.
El Presidente Trump, desde la Casa Blanca el 30 de septiembre, declaró: "Ellos son quienes lo cierran. Nosotros no lo cerramos. No queremos cerrarlo porque estamos viviendo los mejores momentos". Por su parte, los Demócratas en el Congreso abogan por la extensión de los beneficios sanitarios y la reversión de modificaciones en programas de salud, implementadas tras la aprobación de la ley de impuestos y gasto republicana en julio. La líder de la minoría en la Cámara, Nancy Pelosi, ha sido enfática al señalar que los Demócratas no respaldarán un proyecto de gasto que "continúe recortando la atención médica de los estadounidenses comunes".
Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), si no se prorrogan los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), el número de personas sin seguro podría aumentar en 2,2 millones en 2026 y en 3,7 millones el año siguiente.
Durante un cierre gubernamental, las agencias federales se ven obligadas a suspender temporalmente al personal considerado "no esencial" sin goce de sueldo. Los empleados "esenciales", cuya presencia se considera indispensable, como agentes del FBI, controladores aéreos, militares en servicio activo y personal de seguridad de la TSA, continuarán sus labores. Si bien seguirán trabajando, su remuneración se verá postergada hasta la reapertura del gobierno. Un precedente de esta situación ocurrió durante el primer mandato del Presidente Trump, cuando desacuerdos sobre el gasto, particularmente en la financiación de un muro fronterizo, provocaron un cierre parcial de 35 días. En aquel entonces, aproximadamente 340,000 de 800,000 empleados federales fueron suspendidos temporalmente, hasta que se firmó un proyecto de ley de gastos sin la asignación solicitada para el muro.
Históricamente, los cierres de gobierno han ocurrido en varias ocasiones. Los más significativos incluyen el cierre de 35 días de 2018-2019, causado por una disputa sobre la financiación del muro fronterizo; el cierre de 16 días de 2013, debido a desacuerdos sobre la implementación de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA); y el cierre de 21 días de 1995-1996, relacionado con la oposición a grandes recortes de gastos. En total, ha habido alrededor de 14 cierres desde 1980.
A finales de septiembre, el cierre gubernamental aún no se ha materializado. Las negociaciones entre los líderes del Congreso y el Presidente Trump continúan en un esfuerzo por encontrar una resolución. La tensión subraya la importancia de la colaboración para asegurar la continuidad de los servicios esenciales y la estabilidad financiera del país. La búsqueda de un terreno común en materia de gasto sanitario refleja un debate más amplio sobre las prioridades nacionales y la responsabilidad fiscal. La capacidad de los legisladores para superar estas diferencias definirá el panorama inmediato de la administración federal y el acceso a servicios críticos para millones de ciudadanos.