El clima de seguridad colectiva europea se ha visto gravemente afectado por una declaración directa del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió la posible desvinculación de España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta advertencia surgió a raíz de la continua renuencia del Gobierno español a comprometerse plenamente con el nuevo objetivo de inversión en defensa, establecido en el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) por los aliados.
El epicentro de esta disputa se sitúa tras la cumbre de la OTAN celebrada en junio de 2025 en La Haya. En aquel encuentro, se habría acordado entre las 32 naciones miembros la elevación del compromiso de gasto militar del 2% al 5% del PIB. El presidente Trump, durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, identificó a España como el único "país rezagado" en este esfuerzo de fortalecimiento colectivo. El mandatario estadounidense fue categórico al señalar que España "no tiene excusa" para no alinearse con esta meta, insinuando que su permanencia en la Alianza debía ser revisada si no se cumplía.
Esta postura confronta directamente la visión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Fuentes gubernamentales defendieron en su momento que el presupuesto vigente era "suficiente, realista y compatible con el estado de bienestar" del país. Se argumentó que España cumplía con sus compromisos de capacidad, aunque con una inversión porcentual menor, y que, si bien suscribió la declaración de La Haya, se había pactado una flexibilidad que le permitiría alcanzar un objetivo cercano al 2,1% del PIB, lejos del 5% exigido.
La tensión no era inédita; ya en la cumbre de ese año, Trump había calificado a España como "un problema" por sus reservas financieras. Sin embargo, la situación actual escaló, pasando de amenazas de sanciones comerciales a cuestionar la pertenencia misma a la estructura de defensa occidental. Un dato clave que contextualiza el debate es que, según registros de la OTAN, la contribución de España en 2024 se ubicó en torno al 1,24% de su PIB. El acuerdo de La Haya, según informes, especificaba un 3,5% para necesidades militares directas y un 1,5% adicional para capacidades conexas, sumando el 5% total.
La respuesta oficial desde Madrid fue un llamado a la "tranquilidad", reafirmando el estatus de España como miembro de pleno derecho. La justificación del ejecutivo español se basó en la existencia de una "asimetría normal e inevitable" con otros aliados, lo que hacía ineficiente el esfuerzo de alcanzar el 5%, considerándolo un "despilfarro de miles de millones" si no se ajustaba a sus necesidades específicas. Este pulso entre la prioridad de la inversión militar directa y la optimización de recursos sin desmantelar el estado de bienestar configura un punto de inflexión para el rol futuro de España en la Alianza Atlántica.