La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos de control migratorio, lo que ha resultado en la deportación de solicitantes de asilo rusos de regreso a Rusia. Al menos dos vuelos han retornado disidentes rusos a Moscú, generando preocupación por su seguridad ante posibles represalias del Kremlin. Estas personas huyeron de Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022 y temen consecuencias al regresar.
Vladimir Osechkin, un defensor ruso de los derechos humanos, ha criticado duramente estas deportaciones, calificándolas de "crueles y mezquinas". Advirtió que la propaganda rusa podría explotar estas deportaciones para dañar la reputación de Occidente y disuadir a otros disidentes de buscar refugio.
Paralelamente, la administración Trump lanzó la "Operación Midway Blitz", una iniciativa de control migratorio centrada en Chicago y otras áreas de Illinois. Esta operación responde a las políticas de "santuario" del estado y la ciudad, que restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de respaldar las estrictas políticas de control migratorio del presidente Trump ha permitido a los agentes federales reanudar redadas en el sur de California. Se informa que estas redadas se dirigen a individuos basándose en su raza, idioma o etnia, lo que ha sido criticado por jueces liberales y funcionarios de California por facilitar el perfilamiento racial y vulnerar las protecciones constitucionales.
Estos acontecimientos reflejan una tendencia más amplia de endurecimiento en la aplicación de la ley de inmigración bajo la administración actual. Investigaciones adicionales revelan que, desde 2017, la administración Trump ha buscado limitar el acceso al asilo para diversas nacionalidades, citando preocupaciones de seguridad nacional. Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) de 2020 detalló un aumento significativo en las deportaciones de ciudadanos rusos en comparación con años anteriores.
La situación subraya un complejo panorama de políticas migratorias y las repercusiones humanitarias para aquellos que buscan protección internacional, planteando interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos por parte de Estados Unidos.