El 4 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva implementando un trascendental acuerdo comercial con Japón. Este pacto establece un arancel base del 15% para la mayoría de las importaciones japonesas a EE. UU., con disposiciones específicas para sectores clave como automóviles, autopartes, aeroespacial, productos farmacéuticos genéricos y ciertos recursos naturales no producidos en el país.
Un pilar fundamental de este acuerdo es el compromiso de Japón de invertir 550 mil millones de dólares en la economía estadounidense. Estos fondos se destinarán a la reconstrucción y expansión de industrias estadounidenses esenciales, incluyendo infraestructura energética, fabricación de semiconductores, procesamiento de minerales críticos, producción farmacéutica y construcción naval. Se proyecta que esta iniciativa genere cientos de miles de empleos y fortalezca las cadenas de suministro vitales.
En contrapartida, Japón se beneficiará de aranceles reducidos en sus exportaciones a EE. UU., con la tasa del 15% aplicándose retroactivamente a los bienes que ingresaron al país a partir del 7 de agosto de 2025. El acuerdo también amplía el acceso al mercado japonés para productos estadounidenses, como automóviles y productos agrícolas, incluyendo un aumento del 75% en las importaciones de arroz estadounidense.
El sector automotriz es uno de los más impactados. Fabricantes japoneses como Toyota y Honda se beneficiarán de los aranceles reducidos. Sin embargo, fabricantes de Corea del Sur como Hyundai y Kia podrían enfrentar desafíos, ya que sus vehículos seguirán sujetos a un arancel del 25%.
Este acuerdo comercial sigue a un marco acordado en julio de 2025. La formalización del pacto se considera un impulso político para el Primer Ministro japonés Shigeru Ishiba, quien ha enfrentado desafíos internos tras una derrota electoral en julio de 2025 que resultó en la pérdida de la mayoría en la Cámara de Consejeros. A pesar de esto, Ishiba ha expresado su intención de permanecer en el cargo para supervisar las negociaciones comerciales y otros asuntos apremiantes.
La inversión japonesa en EE. UU. se alinea con los esfuerzos del gobierno estadounidense por revitalizar la industria de semiconductores, un sector clave para la seguridad nacional y el liderazgo tecnológico. La Ley CHIPS está impulsando inversiones privadas de más de medio billón de dólares para triplicar la capacidad de fabricación de chips en EE. UU. para 2032. Paralelamente, el Departamento de Energía de EE. UU. ha anunciado una inversión de casi mil millones de dólares para fortalecer la cadena de suministro de minerales críticos, esenciales para la transición energética y la seguridad nacional.
En el ámbito de la construcción naval, la colaboración con Japón representa una oportunidad para revitalizar ambas industrias, ofreciendo beneficios comerciales y estratégicos en un contexto de creciente competencia global y tensiones geopolíticas. La inversión japonesa busca fortalecer las cadenas de suministro y la base industrial estadounidense, sentando las bases para una mayor resiliencia económica y cooperación bilateral.