En una escalada de tensiones diplomáticas, la administración estadounidense ha impuesto nuevas sanciones financieras dirigidas a Viviane Barci de Moraes, esposa del Juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, y al Lex Institute, una entidad financiera vinculada a su familia. Estas medidas, que incluyen la congelación de activos y la revocación de visas, se producen tras la condena del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, un proceso judicial supervisado por el propio de Moraes. Las sanciones, aplicadas bajo la autoridad de la Ley Magnitsky Global, una herramienta utilizada por Estados Unidos para sancionar a individuos implicados en graves violaciones de derechos humanos y corrupción, también afectan al Lex Institute, que, según el gobierno estadounidense, podría servir como vehículo para evadir sanciones previas. El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha señalado que el Juez de Moraes ha sido responsable de una campaña de represión, incluyendo censura, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño calificó las acciones de EE.UU. como un ataque a la soberanía del país y una "interferencia indebida" en sus asuntos internos, reafirmando la independencia del poder judicial y la transparencia del proceso contra Bolsonaro. La Corte Suprema brasileña, por su parte, consideró la sanción contra la esposa del juez como "injusta". Este intercambio subraya una creciente fricción entre las dos democracias más grandes del hemisferio occidental. El propio Juez Alexandre de Moraes ya había sido sancionado por Estados Unidos en julio de 2025 por graves abusos contra los derechos humanos.
Paralelamente, la fiscalía de Brasil imputó al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el 22 de septiembre de 2025 por "coacción". La imputación se debe a sus gestiones para impulsar sanciones de Estados Unidos contra autoridades brasileñas e interferir en el juicio de su padre. Según la fiscalía, Eduardo Bolsonaro habría intentado influir en el proceso judicial contra su padre, presionando a autoridades y buscando la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos contra funcionarios brasileños. El gobierno de Donald Trump ya había impuesto aranceles punitivos de 50% a algunas exportaciones brasileñas y revocado visas de funcionarios en represalia por el juicio a Bolsonaro. La fiscalía brasileña desestimó la recomendación de la policía de imputar también a Jair Bolsonaro.
La Ley Magnitsky permite a EE.UU. imponer sanciones de manera extraterritorial. El juez Alexandre de Moraes advirtió que los bancos que operen en Brasil y apliquen medidas impuestas por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky podrían ser sancionados internamente. El Departamento del Tesoro de EE.UU. calificó a Moraes como un "abusador de derechos humanos", mientras que la administración Trump ha utilizado la Ley Magnitsky para sancionar a individuos implicados en graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Las sanciones a la esposa del juez y a la firma Lex Institute buscan impedir que se utilicen redes financieras para evadir restricciones.