El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la suspensión de todos los esfuerzos diplomáticos dirigidos a alcanzar un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta decisión, comunicada a través de su enviado especial, Richard Grenell, marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y abre la puerta a una posible escalada militar, según funcionarios estadounidenses. La medida surge de la frustración de Trump ante la negativa de Maduro a ceder el poder y las continuas negaciones de su gobierno respecto a las acusaciones de narcotráfico. La Casa Blanca ha notificado al Congreso que EE.UU. se considera en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga, a los que ha clasificado como organizaciones terroristas. El gobierno estadounidense alega que Maduro lidera una red de narcotráfico vinculada a cárteles, lo que ha llevado a aumentar la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. Marco Rubio, secretario de Estado, ha calificado a Maduro de "fugitivo de la justicia estadounidense".
Por su parte, el presidente venezolano ha denunciado que Washington utiliza las acusaciones de narcotráfico como pretexto para una intervención militar y una mayor presencia en América Latina. Richard Grenell había estado liderando conversaciones directas con Maduro durante meses con el objetivo de negociar un acuerdo político y evitar una confrontación militar. Sin embargo, Trump considera que este diálogo ya no es efectivo y podría estar obstaculizando la estrategia de presión de su administración.
Algunos funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por la posibilidad de que una acción militar directa derive en un conflicto prolongado, aunque la Casa Blanca asegura que "todos los elementos del poder estadounidense" están disponibles para prevenir la entrada de drogas al país y presionar al gobierno de Maduro para que cese sus actividades ilícitas. Las tensiones se han intensificado con recientes ataques militares estadounidenses contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe, que han resultado en la muerte de varias personas. Estos incidentes, justificados por la administración Trump como parte de la lucha contra el narcotráfico, han sido rechazados por el gobierno venezolano como información falsa y una escalada militar injustificada.
Un informe de la DEA de 2020 indica que, si bien parte de la cocaína sudamericana transita por Venezuela, el país no figura entre las principales fuentes de drogas que llegan a EE.UU., añadiendo una capa de complejidad a las afirmaciones estadounidenses. Analistas internacionales advierten que estas acciones representan una escalada significativa en la guerra contra las drogas, con potenciales implicaciones para la estabilidad regional. La estrategia de EE.UU. de clasificar a los cárteles como grupos terroristas otorga facultades extraordinarias para el uso de la fuerza militar, un cambio radical que genera preocupación sobre la legalidad y las consecuencias de tales operaciones. La historia de las relaciones entre EE.UU. y Venezuela ha estado marcada por altibajos, con periodos de estrecha cooperación y otros de marcada tensión, especialmente desde la llegada del chavismo al poder, lo que subraya la complejidad de la situación actual.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha caracterizado consistentemente al gobierno de Maduro como una organización criminal y una amenaza a la seguridad de EE.UU. Ha respaldado las operaciones militares estadounidenses, refiriéndose a ellas como "acciones letales" contra grupos narcoterroristas. Las fuerzas militares de EE.UU. han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe, y el presidente Trump ha afirmado que estas operaciones han limpiado efectivamente las aguas de barcos contrabandistas. El gobierno de EE.UU. se ha declarado en "conflicto armado" contra los cárteles de la droga, clasificándolos como organizaciones terroristas. Esta designación proporciona un marco legal para operaciones militares ampliadas. Las fuerzas militares de EE.UU. han realizado al menos seis ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, resultando en múltiples fallecimientos. Estas acciones han sido recibidas con una fuerte condena por parte de Venezuela, que las considera una escalada militar injustificada y una amenaza a su soberanía.