La administración Trump ha solicitado al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revise un fallo de un tribunal federal de apelaciones que declaró inconstitucionales la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente.
La decisión, emitida el 29 de agosto por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal con un margen de 7-4, determinó que el presidente Trump excedió su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) al imponer aranceles amplios. El Solicitor General D. John Sauer argumentó ante el Tribunal Supremo que estos aranceles son cruciales para la seguridad nacional y la estabilidad económica, facilitando negociaciones comerciales, generando ingresos y apoyando la manufactura nacional y la preparación militar. La administración advierte que la negación de esta autoridad arancelaria podría exponer al país a represalias comerciales y a una "catástrofe económica".
La apelación busca una revisión acelerada del caso, con la esperanza de obtener una decisión para principios de noviembre. El fallo del tribunal de apelaciones, que se mantiene en suspenso hasta al menos el 14 de octubre para permitir la apelación, se basó en la premisa de que la Constitución otorga exclusivamente al poder legislativo la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. El tribunal señaló que la IEEPA, si bien otorga al presidente poderes significativos para regular transacciones económicas internacionales en emergencias declaradas, no incluye explícitamente la autoridad para imponer aranceles, una prerrogativa que históricamente ha residido en el Congreso.
Esta interpretación se alinea con la doctrina de "grandes cuestiones" del Tribunal Supremo, que exige una autorización clara del Congreso para acciones ejecutivas de gran envergadura económica y política. La disputa legal se originó a partir de desafíos presentados por pequeñas empresas y una coalición de 12 estados, quienes argumentaron que los aranceles impuestos por Trump, incluyendo un arancel base del 10% a casi todos los países y aranceles recíprocos más altos a docenas de socios comerciales, excedían su autoridad.
Los aranceles en cuestión incluyen aquellos impuestos por Trump a través de acciones ejecutivas que establecieron una tasa base del 10% en casi todos los socios comerciales y aranceles recíprocos más altos a docenas de ellos. También se incluyen gravámenes sobre importaciones de Canadá, México y China en respuesta a lo que el presidente describió como su inacción ante el tráfico de fentanilo. El caso pone de relieve una tensión fundamental en la estructura de gobierno de EE. UU. sobre el equilibrio de poder entre las ramas ejecutiva y legislativa en materia de política comercial.
La decisión del Tribunal Supremo tendrá implicaciones significativas para la autoridad presidencial en el futuro y la forma en que se gestionan las relaciones comerciales internacionales, ofreciendo una oportunidad para clarificar los límites de la autoridad ejecutiva frente a las prerrogativas constitucionales del Congreso.