A pesar de la firme determinación declarada por la Unión Europea de alcanzar la autonomía energética y de cesar progresivamente la adquisición de combustibles fósiles rusos, las estadísticas correspondientes al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025 han revelado una notable disparidad en el comportamiento de varios Estados miembros. Si bien el volumen total de gas natural y petróleo comprado a Rusia durante este lapso alcanzó los 11.400 millones de euros, lo que representa una disminución del 21% respecto al mismo periodo de 2024, esta reducción general en el bloque indica una diversificación de suministros que avanza, aunque a un ritmo lento.
Un análisis más minucioso, sin embargo, puso de manifiesto que siete naciones de la UE incrementaron sus adquisiciones en términos monetarios en comparación con el año anterior. Entre ellas se encuentran países que tradicionalmente han sido firmes defensores del apoyo a Ucrania. Francia, por ejemplo, experimentó un aumento del 40%, elevando sus compras hasta los 2.200 millones de euros. Los Países Bajos registraron un incremento del 72%, alcanzando la cifra de 498 millones de euros. El salto más significativo se observó en Portugal, con un espectacular 167%. También se documentaron subidas notables en Croacia (+55%), Rumanía (+57%) y Bélgica (+3%).
Las justificaciones esgrimidas para estos aumentos localizados reflejan la intrincada red de realidades operativas y normativas. El Ministerio de Energía belga atribuyó el crecimiento a la necesidad de cumplir con las nuevas regulaciones de sanciones, las cuales prohíben la reventa de gas natural transportado por gasoducto (GNG). Esto obliga a almacenar el gas en su territorio en lugar de transbordarlo. Por su parte, las autoridades francesas señalaron que sus acciones cubrían las necesidades de clientes en otras naciones, específicamente, la reorientación de una porción de las importaciones rusas hacia Alemania. Un representante de SEFE, la entidad que gestiona una parte de la red de transporte de gas alemana, confirmó la recepción de gas ruso a través de las rutas de Francia y Bélgica.
Este patrón de incremento genera fuertes críticas, especialmente al considerar el contexto financiero global: desde 2022, el total acumulado de importaciones de energía rusa por parte de la UE ha superado los 213.000 millones de euros, mientras que la ayuda proporcionada a Ucrania asciende a 167.000 millones de euros. Expertos como Vaibhav Raghunandan, de CREA, han calificado esta situación como “una forma de autosabotaje”, dado que los ingresos generados por la venta de estos recursos energéticos contribuyen a financiar las operaciones militares. En paralelo, los embajadores de la UE han pactado un plan para detener completamente la importación de gas y petróleo rusos para el año 2028, un acuerdo que se espera sea ratificado el 20 de octubre. Dicho plan contempla la prohibición de nuevos contratos de gas a partir de enero de 2026 y la interrupción total de todos los suministros para enero de 2028.
No obstante, el gobierno neerlandés ha puntualizado que, mientras estas propuestas no se incorporen formalmente a la legislación comunitaria, no es posible bloquear los contratos vigentes. Como parte del nuevo paquete de sanciones, se está debatiendo la posibilidad de adelantar la prohibición de la importación de gas natural licuado (GNL) ruso a enero de 2027. Sin embargo, Alemania se encuentra atada a contratos de GNL a largo plazo sin cláusulas de rescisión anticipada. En contraste, Estonia ha demostrado una postura más firme, al decidir prohibir por completo la importación de gas natural ruso a partir de 2026. Estas decisiones divergentes reflejan las tensiones internas en la búsqueda de un consenso paneuropeo en un panorama geopolítico en constante evolución.