La ONU Censura los Ataques Aéreos de EE. UU. contra Presuntos Narcotraficantes

El 31 de octubre de 2025, desde Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió una enérgica y categórica crítica contra los ataques militares perpetrados por Estados Unidos. Estos operativos se dirigen a embarcaciones que Washington cataloga de manera vaga como «objetos marítimos vinculados al narcotráfico». Türk sostuvo que este tipo de acciones contravienen gravemente las normas fundamentales del derecho internacional humanitario y, en la práctica, representan ejecuciones extrajudiciales.

La preocupación del Alto Comisionado radica en el elevado costo humano. Türk señaló que, desde el inicio de septiembre, las ofensivas aéreas estadounidenses ejecutadas tanto en el vasto Mar Caribe como en el Océano Pacífico han resultado en la trágica pérdida de la vida de más de 60 individuos, una cifra que incluye tanto a miembros de las tripulaciones como a civiles inocentes. Hizo un firme hincapié en que la noble causa de combatir el tráfico ilícito de estupefacientes bajo ninguna circunstancia puede servir de justificación o pretexto para el uso desmedido de fuerza letal en aguas que son consideradas internacionales.

El comisionado enfatizó que la persecución de sospechosos de contrabando debe adherirse estrictamente a los procedimientos de aplicación de la ley. Esto implica que las acciones deben llevarse a cabo respetando los derechos humanos fundamentales y garantizando a los individuos la posibilidad de un debido proceso judicial, en lugar de optar por la vía expedita y violenta de los bombardeos.

Türk recordó el principio básico de que el empleo de fuerza mortífera solo es admisible como último recurso absoluto, y únicamente cuando se verifica la existencia de una amenaza inminente y directa para la vida de terceros. En este contexto, criticó la limitada información proporcionada por Estados Unidos respecto a la identificación precisa de los objetivos. Afirmó categóricamente que no existen pruebas concluyentes que demuestren que las personas a bordo de las naves atacadas representaran una amenaza directa e inmediata que justificara su aniquilación.

A pesar de las condenas internacionales, la administración estadounidense mantiene su postura, justificando estos ataques como una medida necesaria e imperiosa para detener el flujo constante de narcóticos que buscan ingresar al territorio nacional. El presidente Donald Trump defendió las operaciones, declarando que está actuando «dentro de las facultades legales» que le confiere su cargo y prometió que continuará con los «ataques contra narco-terroristas» en aguas internacionales. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, secundó esta posición, asegurando que las operaciones están dirigidas exclusivamente contra organizaciones criminales que «amenazan la seguridad de los ciudadanos estadounidenses».

Geográficamente, el Pentágono ha confirmado que la mayoría de los asaltos han tenido lugar en zonas marítimas cercanas a las costas de Sudamérica. No obstante, la escalada reciente incluyó bombardeos en el Océano Pacífico que, lamentablemente, causaron la pérdida de la vida de al menos 18 personas. Como muestra de la intensificación militar, la Marina de EE. UU. ha desplegado fuerzas significativas en la región, destacando la presencia del imponente portaaviones USS Gerald R. Ford.

La reacción de la comunidad internacional ante estos hechos ha sido sumamente contundente y crítica. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue clara al manifestar que su nación no respalda bajo ningún concepto tales medidas unilaterales y solicitó de inmediato consultas diplomáticas con el embajador estadounidense. De igual forma, los gobiernos de Colombia y Venezuela expresaron su profunda consternación y preocupación, calificando los ataques como una violación flagrante y directa de los acuerdos internacionales vigentes que rigen la soberanía y la navegación.

En su conclusión, Volker Türk hizo un llamado urgente y perentorio a Washington para que cese de inmediato la práctica de los ataques aéreos. Instó a que la estrategia global de lucha contra el narcotráfico se reencauce hacia un marco legal sólido y sostenible, basado estrictamente en las normas internacionales de derechos humanos y los principios fundamentales de justicia y legalidad.