Revisión de la Directiva de Diligencia Debida de la UE: El Equilibrio entre Competitividad y Carga Regulatoria

La fase activa de revisión de la legislación de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Unión Europea, conocida formalmente como la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), sigue en curso. Esta directiva, que busca establecer estándares rigurosos para las empresas, entró en vigor el 25 de julio de 2024. Originalmente, el marco normativo exigía a las corporaciones con plantillas superiores a 1000 empleados y una facturación anual que excediera los 450 millones de euros que adoptaran medidas preventivas y correctivas contra las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales dentro de sus extensas cadenas de suministro globales.

Actualmente, el Parlamento Europeo está evaluando posibles modificaciones sustanciales, con el objetivo primordial de alcanzar un consenso definitivo antes de que finalice el año 2025. Este proceso pone de manifiesto el complejo dilema al que se enfrenta Bruselas: cómo preservar sus ambiciones regulatorias en materia de sostenibilidad, mientras que simultáneamente busca aliviar la presión administrativa sobre las empresas europeas.

La necesidad de mitigación surge en un contexto de creciente tensión económica y competencia global, exacerbada por el aumento de la presión comercial de China y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Las modificaciones propuestas están diseñadas específicamente para suavizar la carga regulatoria, respondiendo así a la intensa presión ejercida por los grandes grupos de interés y a las preocupaciones sobre una posible pérdida de competitividad en el mercado mundial.

Entre los cambios clave que se están debatiendo se encuentra la elevación del umbral para las empresas sujetas a la ley, incrementándolo significativamente a más de 5000 empleados y una facturación anual superior a los 1.500 millones de euros. Adicionalmente, se contempla la posibilidad de eliminar por completo el régimen de responsabilidad civil armonizado a nivel de la UE. De concretarse, esta supresión transferiría la gestión de estas cuestiones a las legislaciones nacionales de cada Estado miembro.

Organizaciones especializadas y activistas ecologistas han manifestado una profunda preocupación, advirtiendo que tales ajustes corren el riesgo de vaciar de contenido la legislación, poniendo en peligro los avances logrados en la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Por otro lado, grandes corporaciones como ExxonMobil han expresado serias reservas sobre el impacto potencial de la directiva en sus operaciones europeas. El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, advirtió que si la ley no se debilita sustancialmente, la compañía podría verse obligada a cesar sus actividades en la región, argumentando que la excesiva presión burocrática ya ha provocado el cierre o abandono de otras instalaciones operativas. Cabe destacar que ExxonMobil ha mantenido una presencia ininterrumpida en Europa durante casi 140 años.

El contexto de estas revisiones está intrínsecamente ligado a las presiones geopolíticas. El Ministro de Energía de Catar, Saad Al-Kaabi, ha llegado a declarar que su país podría suspender el suministro de gas natural licuado (GNL) a Europa si Bruselas no reconsidera las normativas. La razón es que las posibles multas, que podrían ascender hasta el 5% de la facturación global por incumplimiento de los planes de transición climática, representan riesgos inaceptables para QatarEnergy. Desde 2022, Catar ha suministrado entre el 12% y el 14% del gas europeo y mantiene contratos a largo plazo con gigantes energéticos como Shell, TotalEnergies y ENI.

El debate actual aborda cuestiones fundamentales sobre el futuro del paradigma regulatorio de RSC en la UE. La pregunta central es si el nuevo compromiso logrará asegurar un nivel adecuado de protección social y ambiental mientras simultáneamente reduce las restricciones para el sector empresarial. Dado que ya se ha alcanzado un consenso en el marco de la CSDDD sobre el umbral de 5000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación, así como la eliminación del régimen de responsabilidad civil armonizado, el texto legal final será crucial para definir el entorno regulatorio de la responsabilidad corporativa y la competitividad global durante los próximos años.