Eslovenia ha declarado al Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu persona non grata, prohibiendo su entrada al país. La decisión, tomada el 25 de septiembre de 2025, se fundamenta en los procedimientos en curso contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La Secretaria de Estado Neva Grašič afirmó que la medida busca enviar un mensaje al gobierno de Israel sobre la importancia de adherirse al derecho internacional, y no está dirigida contra el pueblo israelí. Grašič hizo referencia a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que declaró ilegal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, y a un informe de septiembre de 2025 de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que citó a autoridades israelíes y grupos armados palestinos por crímenes de guerra, alegando además que las acciones de Israel en Gaza constituían genocidio.
En un movimiento paralelo, el gobierno esloveno aprobó una contribución de 1,2 millones de euros para apoyar a la Autoridad Palestina. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio liderado por Francia, España, Noruega y Arabia Saudita, destinado a garantizar la sostenibilidad financiera de la Autoridad Palestina. Eslovenia se suma a esta iniciativa en virtud de su compromiso humanitario y su apoyo diplomático a una solución del conflicto palestino-israelí.
La decisión de Eslovenia se alinea con los esfuerzos internacionales para exigir responsabilidades a las autoridades israelíes. Previamente, en julio de 2025, Eslovenia ya había declarado a ministros israelíes persona non grata. El Comité de la ONU sobre los Derechos de los Palestinos ha instado a un alto el fuego inmediato y supervisado internacionalmente en el Territorio Palestino Ocupado, exigiendo además el levantamiento del bloqueo y el cese de todas las medidas consideradas ilegales.
Estos desarrollos subrayan el continuo debate internacional sobre el conflicto israelí-palestino y la búsqueda de rendición de cuentas por presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia dictaminó en julio de 2024 que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y que Israel debe ponerle fin. Una resolución de la Asamblea General de la ONU del 18 de septiembre de 2024, aprobada por 124 votos a favor, exigió el fin de la presencia israelí ilegal en el Territorio Palestino Ocupado en el plazo de un año. La situación actual refleja una profunda reflexión sobre el cumplimiento del derecho internacional y la búsqueda de una paz duradera en la región.