Consenso Global: Comité de la ONU Aprueba por Unanimidad Resolución sobre los Derechos del Pueblo Rohinyá en Myanmar

El Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas selló el miércoles 19 de noviembre de 2025 su respaldo unánime a la resolución anual referente a la crítica situación de los derechos humanos que enfrentan los musulmanes rohingyá y otras minorías dentro de Myanmar. Este documento, impulsado conjuntamente por la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) y la Unión Europea (UE), consiguió el apoyo de 105 naciones copatrocinadoras. Este hecho subraya el consenso internacional persistente sobre la gravedad de la emergencia humanitaria que atraviesa esta población.

La resolución reitera la profunda inquietud que existe respecto a las continuas violaciones de derechos humanos observadas en el estado de Rakhine. Además, pone de relieve la persecución sistemática dirigida específicamente contra los rohingyá. El texto hace hincapié en las barreras que impiden la llegada efectiva de la asistencia humanitaria esencial, así como en el éxodo incesante de miembros de esta etnia hacia Bangladés y naciones vecinas. Desde el recrudecimiento del conflicto en 2017, que desencadenó un desplazamiento masivo, Bangladés ha acogido a más de 1.3 millones de refugiados rohingyá, imponiendo una carga socioeconómica considerable a las comunidades anfitrionas.

Entre las entidades clave involucradas en este proceso se encuentran el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU, la OCI —cuya sede central se encuentra en Yeda, Arabia Saudita— y la UE. Bangladés ha jugado un papel activo, utilizando su Misión Permanente ante la ONU para comunicar la postura nacional y participar en las consultas diplomáticas relativas a esta resolución.

Esta resolución, que se adopta de forma anual desde el año 2017, señala una vez más la ausencia de avances significativos durante los últimos ocho años para garantizar un retorno seguro y viable de los refugiados a sus lugares de origen. La delegación de Bangladés manifestó su decepción ante la falta de cambios tangibles en el proceso de repatriación a Myanmar, a pesar de los esfuerzos diplomáticos desplegados.

La compleja situación humanitaria se ve agravada por una financiación insuficiente que afecta al Plan Conjunto de Respuesta para 2025. Esta escasez ha obligado recientemente a racionar la ayuda alimentaria distribuida en los campamentos. Históricamente, la persecución de los rohingyá por parte de las fuerzas militares y la policía de Myanmar se intensificó tras los ataques perpetrados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) en 2016 y 2017. Aquellos sucesos forzaron la huida de cerca de un millón de personas, la mayoría de las cuales se encuentran ahora en Bangladés, particularmente en el campamento de Kutupalong.

El contenido de la resolución insta encarecidamente a la comunidad internacional a mantener un compromiso constante. El objetivo es asegurar que la repatriación de los rohingyá se lleve a cabo bajo criterios de seguridad, dignidad y sostenibilidad. Adicionalmente, la Asamblea General ha acordado celebrar una cumbre de alto nivel en 2025 para revisar la crisis y formular soluciones duraderas. Si bien la aprobación por consenso de esta medida refleja una solidaridad internacional inquebrantable, el comunicado de Bangladés enfatiza la necesidad imperiosa de pasar de las declaraciones diplomáticas a la acción práctica para resolver este problema crónico de desplazamiento.