El 2 de septiembre de 2025, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo en el sur del Caribe, hundiendo un barco venezolano presuntamente operado por el grupo criminal Tren de Aragua. La operación, que resultó en la muerte de 11 personas, se enmarca en la intensificación de las acciones de la administración Trump contra el narcotráfico en América Latina.
Este incidente ha elevado las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, con Caracas acusando a Washington de buscar un cambio de régimen. En respuesta, Venezuela ha movilizado a su milicia, con el presidente Nicolás Maduro declarando un estado de "máxima preparación" y acusando a Estados Unidos de una "agresión imperialista". La movilización de aproximadamente 4.5 millones de miembros de la milicia subraya la gravedad con la que el gobierno venezolano percibe la presencia militar estadounidense en la región.
La acción militar estadounidense se produce en un contexto de creciente presión sobre el gobierno de Maduro. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al Cártel de los Soles, supuestamente liderado por Maduro, como una organización terrorista internacional. Esta medida, junto con la duplicación de la recompensa por información que conduzca a su arresto a 50 millones de dólares, subraya la estrategia de Washington de combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.
El Tren de Aragua, una organización criminal transnacional originaria de Venezuela, ha sido identificada como la operadora del barco hundido. Este grupo se dedica a una variedad de actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, armas, secuestros y lavado de dinero, y ha expandido sus operaciones por América Latina y Estados Unidos. El Departamento de Estado designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, tras sanciones previas del Departamento del Tesoro en julio de 2024.
La situación ha generado diversas reacciones regionales. Colombia y Trinidad y Tobago han expresado su apoyo al despliegue estadounidense, citando preocupaciones sobre el narcotráfico. Por otro lado, México ha manifestado reservas sobre la intervención extranjera en la región, reflejando la compleja y a menudo dividida postura de las naciones latinoamericanas ante la política exterior de Estados Unidos.
Este evento subraya la volatilidad de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, marcadas por acusaciones mutuas y una escalada de acciones militares. La presencia naval estadounidense en el Caribe, aunque justificada por EE. UU. como una medida antinarcóticos, es vista por Venezuela como una amenaza a su soberanía, creando un escenario de alta tensión con potenciales implicaciones para la seguridad regional.