El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha anunciado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales venezolanos, una medida que entrará en vigor el 10 de septiembre de 2025. La secretaria del DHS, Kristi Noem, fundamentó esta decisión en que la continuación del TPS para los venezolanos ya no responde al interés nacional del país, citando factores de seguridad pública, seguridad nacional, migración, política de inmigración, consideraciones económicas y política exterior.
Esta determinación se produce a pesar de un fallo reciente de un tribunal federal de apelaciones que cuestionó la legalidad de una terminación previa de TPS por parte de la administración Trump. El 29 de agosto de 2025, un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones de EE. UU. confirmó un fallo de un tribunal inferior que consideraba que la administración Trump probablemente actuó de manera ilegal al revocar el TPS para un grupo anterior de aproximadamente 600,000 venezolanos. Sin embargo, la Corte Suprema había permitido previamente que el DHS procediera con la terminación de otra designación de TPS para venezolanos (la de 2023) mientras continuaban las disputas legales.
La decisión del DHS afectará a aproximadamente 268,000 venezolanos que residen actualmente en Estados Unidos, quienes perderán su autorización de trabajo y protección contra la deportación. La administración ha argumentado que el programa TPS ha actuado como un "efecto imán" para la migración irregular desde Venezuela, socavando los esfuerzos por gestionar la frontera y la inmigración de manera efectiva.
Para facilitar la salida de los afectados, el DHS está promoviendo activamente el uso de la aplicación móvil CBP Home. Esta plataforma permite a los inmigrantes notificar su intención de salir voluntariamente de Estados Unidos, ofreciendo incentivos como un boleto de avión gratuito, un bono de salida de $1,000 y la condonación de multas por no abandonar el país. La secretaria Noem ha descrito esta opción como la manera "más segura y rentable" de dejar el país, evitando así procesos de detención y deportación forzada.
La medida ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones como World Relief, quienes lamentan la decisión. Señalan la persistente crisis humanitaria en Venezuela, caracterizada por inestabilidad política, económica y social, lo que hace que el retorno a su país de origen represente un riesgo significativo para muchos. La comunidad venezolana en EE. UU. se enfrenta ahora a un momento de profunda reevaluación de sus circunstancias y la búsqueda de nuevos caminos para asegurar su futuro, ya sea a través de la salida voluntaria o la exploración de otras vías legales disponibles.