Un juez de distrito de EE. UU. ha emitido una orden de restricción temporal que detiene la decisión de la administración Trump de reasignar $233 millones en fondos del Programa de Subsidios de Seguridad Nacional (HSGP) destinados a 11 estados y el Distrito de Columbia. surge tras una demanda presentada por estos estados, quienes argumentaron que los recortes eran políticamente motivados y carecían de base legal. La jueza Mary S. McElroy calificó el proceso como "descuidado" y sugirió que podría violar la Ley de Procedimiento Administrativo.
La disputa se centró en la reducción de las asignaciones del HSGP para el año fiscal 2025, que pasaron de $459 millones a $226 millones. La orden temporal busca mantener el statu quo mientras el tribunal considera la disputa legal. Los estados demandantes, liderados por Illinois y apoyados por otras jurisdicciones como California, Nueva Jersey, Rhode Island, Nueva York y Washington, sostienen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) deben basar la asignación de subsidios en criterios objetivos y basados en el riesgo, tal como lo exige el Congreso, en lugar de basarse en desacuerdos de política interna.
La jueza McElroy expresó su preocupación por la naturaleza abrupta y apresurada de los recortes, señalando que se produjeron poco antes del cierre del año fiscal y apenas tres días después de que otro juez federal bloqueara retenciones de fondos del DHS a 20 estados liderados por demócratas y el Distrito de Columbia. La orden de restricción temporal es un paso crucial para asegurar que los fondos permanezcan disponibles si los estados prevalecen en su caso. Se anticipan más argumentos legales y posibles apelaciones, con el tribunal considerando la extensión de la orden a una prohibición preliminar.
La subsecretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, había declarado previamente que los estados que obstaculizan la aplicación de la ley federal de inmigración no deberían recibir fondos federales, lo que refleja la postura de la administración. Esta declaración proporciona un contexto crucial para la motivación de la administración detrás de los recortes de financiación.
Este fallo subraya la importancia de la debida diligencia y el cumplimiento de los marcos legales establecidos en la toma de decisiones gubernamentales, especialmente en lo que respecta a la seguridad pública y la distribución de fondos federales críticos. La intervención judicial en este caso podría sentar un precedente significativo para futuras distribuciones de subvenciones federales y la discreción del poder ejecutivo en tales asuntos. Los recortes afectaron significativamente a estados. Illinois, por ejemplo, se enfrentó a una reducción del 69% en su financiación, mientras que en Nueva York, donde se proyectó una reducción de $187 millones, lo que representa el 79% de su financiación total en contra-terrorismo y seguridad nacional para el año fiscal 2025, impactando a agencias como el NYPD y el FDNY. La decisión de la jueza McElroy, quien calificó el proceso como "descuidado", sugiere un escepticismo judicial hacia las justificaciones de la administración para los recortes, enfocándose en si el DHS actuó de manera arbitraria y caprichosa bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.