Guinea se encuentra en un momento crucial de su transición política, con la convocatoria de un referéndum sobre una nueva Constitución para el 21 de septiembre de 2025. Este evento marca un paso significativo tras el golpe de Estado de septiembre de 2021, liderado por el General Mamady Doumbouya, quien anunció la fecha del referéndum el 1 de abril de 2025. El objetivo declarado es restaurar el orden constitucional y allanar el camino hacia elecciones democráticas.
La propuesta de Constitución busca reemplazar la carta magna de 2020 e introduce cambios sustanciales. Entre ellos, se contempla la extensión del mandato presidencial de cinco a siete años, con la posibilidad de una reelección. Además, se plantea la creación de un Senado, del cual una parte de sus miembros serían designados directamente por el Presidente. El proyecto también incluye la gratuidad y obligatoriedad de la escolarización, así como la cobertura sanitaria universal.
Sin embargo, el proceso no está exento de controversia. Diversos actores políticos y miembros de la sociedad civil expresan reservas, temiendo que la extensión del mandato presidencial y otros aspectos de la nueva ley fundamental puedan prolongar indefinidamente la transición militar. La suspensión de tres importantes partidos de oposición —incluyendo el del expresidente Alpha Condé— por un período de 90 días, a pocas semanas de la votación, ha intensificado estas preocupaciones, siendo interpretada por la oposición como una medida de represión deliberada.
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) ha reiterado su apoyo a la transición guineana y ha instado a un proceso transparente e inclusivo. Misiones técnicas de la ECOWAS han mantenido conversaciones con las autoridades guineanas para supervisar la implementación de acuerdos previos sobre el retorno a la gobernanza democrática. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Guinea, dada la importancia de la estabilidad regional en África Occidental. Las decisiones tomadas en este referéndum tendrán implicaciones significativas para el futuro democrático del país y su relación con los organismos regionales e internacionales.