El Departamento de Estado de EE. UU. ha actualizado su Manual de Asuntos Exteriores (FAM), eliminando la excepción de "membresía no significativa" para la inadmisibilidad relacionada con la afiliación a partidos comunistas u otros partidos totalitarios. Este cambio, efectivo desde junio de 2025, refuerza las restricciones para los solicitantes de visas de inmigrante, exigiendo que demuestren un apego genuino a los valores democráticos y eliminando la discreción previa para evaluar la afiliación.
Anteriormente, los funcionarios consulares podían considerar si la afiliación a dichos partidos era meramente por conveniencia económica o profesional. Sin embargo, la nueva directriz presume que dicha afiliación es intencional y alineada ideológicamente, a menos que se demuestre lo contrario mediante excepciones limitadas. Esta política se alinea con el espíritu de leyes históricas que abordan las amenazas a la seguridad nacional representadas por actividades subversivas.
La actualización amplía la definición de "afiliación" para incluir la defensa de la ideología comunista o totalitaria, incluso sin una membresía formal en un partido. El empleo en empresas estatales, organizaciones no gubernamentales o instituciones cuasi-gubernamentales en países con regímenes de partido único ahora puede ser interpretado como afiliación, especialmente en roles de alto nivel o con influencia política. La posesión de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio emitidos por regímenes comunistas también sugiere afiliación, creando una presunción de inadmisibilidad que debe ser refutada.
Las implicaciones de esta actualización son significativas para ciudadanos de países con sistemas de partido único como China, Vietnam, Cuba y Venezuela. Aquellos que previamente obtuvieron visas o ciudadanía podrían enfrentar escrutinio adicional si su afiliación pasada no cumple con los nuevos estándares. Las excepciones restantes incluyen membresía involuntaria, membresía antes de los 16 años, o afiliación requerida para obtener sustento esencial, siempre que no se considere una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Históricamente, el caso de la Corte Suprema *Schneiderman v. United States* (1943) estableció un alto estándar de prueba para la desnaturalización, requiriendo evidencia clara y convincente de que un ciudadano naturalizado no estaba apegado a los principios de la Constitución. Si bien esta decisión enfatizó la protección de las creencias políticas, la interpretación actual de la ley de inmigración se centra en la adhesión a los principios democráticos y la incompatibilidad de la membresía en partidos totalitarios con el juramento de lealtad a los Estados Unidos.