El 18 de septiembre de 2025, Francia se vio sumida en un caos generalizado debido a huelgas y manifestaciones a nivel nacional contra las medidas de austeridad propuestas por el gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Los principales sindicatos orquestaron estas acciones, afectando sectores vitales como el transporte, la educación, la sanidad y los servicios públicos. La compañía ferroviaria nacional, SNCF, operó solo entre el 30% y el 40% de sus servicios habituales, con afectaciones significativas en los trenes de alta velocidad TGV, los regionales TER y los trenes de cercanías RER de París. En la capital, el metro, los autobuses y los tranvías de la RATP experimentaron interrupciones importantes, con líneas suspendidas y otras operando con frecuencias reducidas; solo las líneas de metro automatizadas 1, 4 y 14 mantuvieron su funcionamiento normal. El Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (SNCTA) convocó una huelga que provocó retrasos y cancelaciones en aeropuertos clave como París-Charles de Gaulle y París-Orly, aunque posteriormente se pospuso.
Los servicios públicos y la educación no quedaron exentos. Las farmacias de todo el país cerraron, ofreciendo solo servicios de emergencia limitados. Las instituciones educativas, desde escuelas hasta universidades, operaron con capacidad reducida, afectando a estudiantes y personal. Las protestas se extendieron por todo el país, con los manifestantes expresando una fuerte oposición a los recortes presupuestarios, la congelación del bienestar social y otras medidas de austeridad. Las preocupaciones sobre el aumento de la pobreza, la creciente desigualdad y la erosión de los servicios públicos esenciales alimentaron estas manifestaciones.
En París, se reportaron enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes, además de bloqueos de carreteras en ciudades como Nantes y Lyon. El gobierno respondió desplegando aproximadamente 80.000 agentes de policía a nivel nacional para mantener el orden. Las autoridades también ordenaron la retirada de los bloqueos de tráfico para facilitar la vida diaria de los ciudadanos no manifestantes.
La magnitud de las huelgas y protestas reflejó una profunda insatisfacción pública con los planes de austeridad del gobierno. Este contexto de malestar social se produce tras una reciente inestabilidad política, marcada por la dimisión del Primer Ministro François Bayrou el 9 de septiembre de 2025, tras perder un voto de confianza. Su sucesor, Sébastien Lecornu, enfrenta el desafío de un déficit presupuestario considerable, con el objetivo de reducir el gasto público en 44.000 millones de euros para 2026, una medida que ha generado una fuerte oposición. Los sindicatos, que reclaman un presupuesto socialmente justo y un aumento de impuestos a los más ricos, han amenazado con mantener la presión, indicando que "las calles deben decidir el presupuesto". La situación subraya las profundas tensiones sociales en Francia respecto a las políticas económicas y el futuro de los servicios públicos, con una participación amplia que señala una demanda colectiva de cambio.